QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unión Progresista de Fiscales, Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España han solicitado la suspensión de vínculos comerciales, científicos y diplomáticos con Israel ‘ante el genocidio que tiene lugar en Gaza y las vulneraciones de derechos humanos que afectan a periodistas y civiles que acuden en busca de alimentos’.
En una declaración conjunta, estas entidades han pedido la adopción de acciones humanitarias que aseguren la protección de los palestinos. Subrayan ‘los ataques documentados contra personal médico, periodistas y defensores de derechos humanos’ y destacan el ‘riesgo extremo de muertes masivas de civiles palestinos, especialmente niñas y niños, por la privación de alimentos y el uso intencional y sistemático del bloqueo alimentario contra la población civil, tal y como han advertido la Organización Mundial de la Salud’.
Asimismo, requieren la implementación de ‘un embargo integral de armas’ a Israel, que incluye la prohibición de cualquier interacción comercial que beneficie la ocupación ilegal, la suspensión de toda cooperación en investigación, ciencia, cultura y deporte, y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas.
Estas asociaciones instan a que, dada la severidad de la situación, se respeten las resoluciones de las Naciones Unidas y se termine el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel hasta que se respete el Derecho Internacional. Además, sugieren que España se sume a la acción de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por la violación del Convenio de Genocidio.
Proponen también una modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial para fortalecer la jurisdicción universal en delitos internacionales y la adopción de políticas y medidas humanitarias que aseguren la protección del pueblo palestino, su acceso a la protección internacional y condiciones de recepción adecuadas. Según estos grupos, España debería colaborar con la investigación de la Corte Penal Internacional sobre delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina, respaldando las decisiones de este órgano y promoviendo una Conferencia Internacional para imponer sanciones a Israel por violaciones graves del Derecho Internacional.
