QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un guardia civil enfrenta acusaciones por no reportar la ubicación de un fugitivo en Ourense, manteniendo su inocencia, mientras que el Ministerio Fiscal resalta su “inacción” en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial.
El agente está imputado por dos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y uno de revelación de secretos, por no informar sobre un preso que se escapó durante un permiso penitenciario del centro Acogida Remar Allariz, y por divulgar información sobre la expareja de este.
“El acusado accedió sin autorización el 19 de marzo de 2021 a la base de datos de la Dirección General de la Guardia Civil”, explicó Fiscalía, donde ya constaba la fuga y una orden de captura desde el 17 de marzo. Durante el juicio, se presentaron pruebas de varias llamadas telefónicas entre el acusado y la expareja del fugado, donde él informaba sobre el “no reingreso” del fugitivo, quien le indicó “por donde tenía que ir” a pesar de la “prohibición de comunicarse y aproximarse” tras un presunto delito de violencia de género, aclaró el abogado defensor.
PRUEBA TESTIFICAL
Tres agentes de la Guardia Civil, que participaron en la investigación, testificaron sobre las llamadas interceptadas, confirmando que la expareja del fugado había advertido al acusado sobre la intención de fuga del condenado y las conversaciones mantenidas a pesar de la prohibición.
Los testigos también señalaron que, tras la fuga, la mujer informó que el fugado “ya había cruzado la raya” hacia Portugal. Entre el 20 y el 22 de marzo, tras consultar la base de datos, se produjeron nuevas llamadas donde el acusado confirmaba que “sí había salido” información sobre su huida.
EL ‘CRIMEN DEL LAGO’
Los hechos se descubrieron durante la investigación de un caso conocido como el ‘Crimen del Lago’, que resultó en una sentencia el 12 de noviembre de 2025 condenando a dos personas por asesinato con alevosía en Zamora. El análisis de las llamadas entre la expareja del preso fugado y el acusado reveló que no se había informado sobre la fuga del interno.
CONCLUSIONES
Fiscalía solicita cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta por ocho años por omisión del deber, y un año y medio de inhabilitación especial por revelación de secretos, más las costas procesales. El fiscal alega que el acusado facilitó información siendo “conocedor del quebrantamiento de condena”. La defensa argumenta que el acceso a la base de datos estaba justificado y no perjudicó a terceros, insistiendo en que la expareja del fugado “tenía derecho a saber si el condenado se había fugado de prisión” por afectarle directamente.
