QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde este martes, la mayoría de las organizaciones de jueces y fiscales, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), han comenzado una huelga de tres días –1, 2 y 3 de julio– en oposición a las reformas propuestas por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. Argumentan que estas reformas representan una amenaza para la independencia judicial y, por tanto, para el Estado de Derecho. A pesar de las críticas, el ministro Félix Bolaños ha declarado que no revertirá las decisiones ya que son ‘imprescindibles’ para la modernización de la Justicia.
El anuncio de la huelga fue precedido por varias acciones de protesta, incluido un paro de 10 minutos el 11 de junio y una concentración frente al Tribunal Supremo. Este movimiento fue oficializado el 17 de junio, tras una reunión fallida con el secretario de Estado Manuel Olmedo el 4 de junio, donde se les comunicó que no habría marcha atrás en las reformas.
Bolaños, en una carta a las asociaciones, resaltó la necesidad de adaptar la Justicia a los desafíos del siglo XXI y de actualizar estructuras que han permanecido inalteradas desde hace décadas. ‘Estoy convencido de que tendréis ocasión de estudiar el detalle de este proyecto de ley y, en su caso, proponer las mejoras que consideréis oportuno introducir en esta nueva fase de tramitación parlamentaria’, les indicó el ministro, alentándolos a participar activamente en el proceso legislativo.
Representantes de las asociaciones también se reunieron con miembros del grupo socialista en el Congreso, quienes se comprometieron a ‘mejorar’ el texto durante el trámite parlamentario, aunque las asociaciones percibieron estas promesas como insuficientes.
LAS ASOCIACIONES ALERTAN DEL ‘RIESGO DE SELECCIÓN IDEOLÓGICA’
Las organizaciones advierten que las reformas debilitarán la independencia judicial, aumentando el ‘riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales’ y disminuyendo la exigencia en el conocimiento requerido para acceder a estas profesiones, favoreciendo pruebas más subjetivas. En cuanto a la Fiscalía, señalan que se pretende incrementar las competencias del fiscal general del Estado sin controles adecuados.
Bolaños ha respondido que estos temores son ‘infundados’ y ha subrayado que las reformas son parte de un proceso natural de evolución que ha sido históricamente resistido por el sector. ‘Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la Justicia, en la historia de la democracia –la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Violencia de Género del 2004–, fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias’, afirmó en el Congreso de los Diputados.
EL CGPJ AVISA DE QUE LA HUELGA NO TIENE SOPORTE LEGAL
La controversia también ha generado divisiones internas, con JJpD y UPF absteniéndose de participar en la huelga y una parte del sector progresista del CGPJ argumentando que ‘los miembros de la carrera judicial, como integrantes de uno de los poderes del Estado, no tienen derecho a la huelga’. El Pleno extraordinario del CGPJ resolvió que la convocatoria carece de base legal, decidiendo no establecer servicios mínimos.
Por otro lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, explicó que tampoco se establecerán servicios mínimos desde el Ministerio Público, aunque se asegurará que no se afecten los derechos de los ciudadanos en procedimientos ya programados.
NO DESCARTAN MÁS MEDIDAS
Las asociaciones han reafirmado su derecho a la huelga, basándose en el artículo 28.2 de la Constitución Española, y han advertido que cualquier intento de impedir la huelga sería considerado una infracción grave. Además, han establecido servicios mínimos para asegurar la atención necesaria a la ciudadanía. Tras la huelga, evaluarán la situación para decidir los próximos pasos en respuesta a la actitud del Gobierno y el progreso de las reformas en el parlamento.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al CGPJ que deduzca el salario de los días no trabajados, algo que ya ocurrió en 2018. Las asociaciones están preparadas para revisar la situación y coordinar futuras acciones dependiendo del apoyo recibido y la evolución de las reformas.
