QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada citará a Juana Rivas como investigada en un caso de presunta sustracción de menores. La acusación proviene de su excompañero, quien denunció que su hijo menor no fue devuelto a Italia después de las vacaciones de Navidad en Maracena (Granada), de acuerdo con el calendario establecido por la justicia italiana.
La Corte de Apelación de Cagliari había programado el retorno del niño a principios de enero a Cagliari, donde vive con su padre, quien posee la custodia. Sin embargo, el equipo legal de Rivas solicitó medidas preventivas argumentando que el niño estaba en “grave riesgo” ya que el padre enfrenta cargos en Italia por supuesto maltrato, en un proceso que continúa activo.
El 7 de enero, el mismo juzgado, actuando de guardia, escuchó al menor y decidió suspender provisionalmente su entrega al padre, respondiendo a las peticiones de la Fiscalía y los abogados de la madre. La jueza Susana Álvarez Civantos, quien ahora dirige la instrucción, encontró el testimonio del niño, de once años, “serio y convincente” y ordenó su “inmediata protección” siguiendo el Convenio de La Haya y otras normativas para proteger el “interés superior del menor”.
El niño no regresó a Italia hasta el 25 de julio después de una intensa batalla legal. La defensa de Rivas ve la declaración de este jueves como una “oportunidad” para que Juana y sus hijos puedan “escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados”.
“Daniel no viajó a Cagliari el 8 de enero y eso es una obviedad que nadie niega”, señala la defensa, debatiendo si “existe o no un maltrato físico y psíquico continuado que justificara que Daniel no fuera entregado a su padre, Francesco Arcuri”, quien “está siendo juzgado por delito de maltrato familiar en Italia, acusado por la Fiscalía italiana”.
Aunque el Juzgado de Instrucción 4 de Granada desestimó inicialmente la denuncia contra Juana Rivas por sustracción de menores, la Audiencia Provincial ordenó en julio reabrir el caso para realizar las investigaciones pertinentes, incluyendo la declaración de Rivas como investigada.
Juana Rivas ya fue condenada por sustracción de menores en 2016 y el Tribunal Supremo redujo su pena en 2021, otorgándole un indulto parcial, bajo la condición de no cometer el mismo delito en cuatro años. El Gobierno sustituyó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
