QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La magistrada que este jueves ordenó el arresto del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, tiene abierta una investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. En ese escrito se alude tanto al «uso indebido» de los 53 millones de euros que el Gobierno otorgó como rescate durante la pandemia como a un supuesto entramado de blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en distintos países.
Dicha denuncia de Anticorrupción fue rechazada por la Audiencia Nacional el año pasado por entender que carecía de competencia, según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press. En esa resolución se precisaba que el órgano competente era el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, al ser el que ya había asumido la causa sobre el rescate de la compañía aérea.
De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por esta agencia, ese juzgado de Plaza de Castilla analiza los hechos puestos en conocimiento por Anticorrupción, aunque la investigación no se limita únicamente a ese núcleo de acusaciones.
La Fiscalía Anticorrupción denunció el «uso indebido» de los 53 millones de euros percibidos por Plus Ultra por acuerdo del Consejo de Ministros en marzo de 2021, sosteniendo que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva».
La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describía la existencia de una posible organización criminal con base en Francia, Suiza y España.
Según se detallaba, esa estructura estaría integrada por «personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español», y se dedicaría «a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados».
Fondos de programas CLAP y ventas de oro
Para la Fiscalía, los recursos ilícitos procederían de hechos de malversación atribuidos a funcionarios públicos venezolanos por importes «de muy alta cuantía», vinculados a «fondos públicos de programas CLAP», creados por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, así como a «ventas de oro del Banco de Venezuela».
«La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal», sostenía, de acuerdo con el auto.
Anticorrupción también hacía referencia a las «conexiones» de ese grupo delictivo con «clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente».
En la denuncia se ponía el foco en la actuación de varias personas que, en algunos casos mediante sociedades mercantiles, habrían recibido fondos procedentes del extranjero para la adquisición de inmuebles, además de la firma de contratos de préstamo con Plus Ultra que habrían sido devueltos en su totalidad.
El escrito mencionaba igualmente una operación de venta de oro por unos 30 millones de euros a una compañía de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que otorgó los préstamos, así como el envío de sumas de dinero por esa misma entidad a otra empresa con cuenta en Panamá. Añadía que, para las maniobras de blanqueo, «se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo».
