QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz será el responsable de instruir la causa abierta contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, a quienes se atribuye el cobro de 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el procedimiento, que continúa bajo secreto, ha sido asignado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tras el reparto interno. Antes de ello, el juez del Juzgado Central número 6, Antonio Piña, que estaba de guardia, tomó declaración este sábado a los tres investigados y acordó que quedaran en libertad.
En una resolución firmada por el propio Piña, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado detalla, a partir de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que los tres encausados formarían parte de un grupo que se autodenominaba “Hirurok” y que “podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública”.
El auto expone que, para “la perfección de este sistema”, los tres habrían actuado de forma coordinada con el objetivo “de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones” mediante “contratación y facturación mendaz”, canalizando la mayor parte de los fondos a través de la mercantil Mediaciones Martínez.
Según la resolución, los investigadores sospechan que la actividad del grupo se habría desarrollado “al menos entre 2021 y 2023”, extendiéndose “a distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias administraciones públicas”, y que los implicados habrían adoptado medidas de seguridad para asegurar “la más discreción y confidencialidad de sus actuaciones”.
El documento judicial precisa que se han identificado cinco operaciones en las que el grupo habría logrado decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones “y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”, organismo que presidió Vicente Fernández entre junio de 2018 y octubre de 2019.
Rescate de Tubos Reunidos por la SEPI
La primera de las operaciones analizadas se refiere a la concesión de un rescate por parte de la SEPI a la compañía Tubos Reunidos, por un importe de 112,8 millones de euros. Según el auto, desde el grupo “Hirurok” se habrían llevado a cabo labores de “intermediación” para que se aprobara dicha ayuda, “percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por Mediaciones Martínez”.
Contrato de Mercasa con Servinabar
Otra de las actuaciones bajo sospecha es la adjudicación de un contrato público de Mercasa a la empresa Servinabar, propiedad de Alonso y en la que figuraría como socio el exdirigente socialista Santos Cerdán, por 18.119,75 euros, vinculado “a la pretensión del cambio de sede de la sociedad pública”.
El auto apunta que “los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esta justificación, y por otro y al mismo tiempo, propiciaba un beneficio económico al grupo”, calificando de innecesaria la contratación. Se añade que Mercasa encargó a Servinabar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa, cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede”.
Adjudicación a la constructora Eriberri
La tercera operación reseñada afecta al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), que habría adjudicado un contrato a la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros. De acuerdo con la investigación, los miembros de “Hirurok”, a través del presidente de la mesa de contratación, habrían influido para favorecer a la mercantil Eriberri en el concurso y, como compensación, la empresa habría desviado al grupo unos 400.000 euros.
El juez recoge que dichos pagos se habrían realizado “haciéndolo en algunos casos a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales”.
Pagos de Enusa a un bufete de abogados
El auto también detalla supuestos pagos desde la empresa pública Enusa al despacho de abogados SDP Carrillo y Montes. La operativa se habría producido cuando Acciona estaba interesada en adquirir dos explotaciones titularidad de la empresa pública: una incineradora en Melilla y una planta de tratamiento de residuos en Castellón.
Según la resolución, “varios directivos de la mentada empresa pública” y el grupo de investigados habrían tenido “la capacidad de decidir sobre la contratación por parte de Enuna del despacho de abogados, con la finalidad aparente de dar soporte jurídico al desarrollo de la operación”. Esa contratación habría generado sobrecostes “aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de Hirurok” y “se habrían materializado una serie de pagos por parte del referido despacho a Mediaciones Martínez” por 17.545 euros.
Ayuda de Sepides a una filial de Forestalia
La quinta operación que recoge el juzgado es la concesión de una ayuda de Sepides a la sociedad Arapellet, integrada en el grupo Forestalia, por un importe de 17,32 millones de euros. En este caso, “se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros a favor del grupo ‘Hirurok’” que se habrían canalizado, como en otros casos, a través de la sociedad Mediaciones Martínez.
Destino de los fondos: inversiones inmobiliarias
El auto sostiene que la mayor parte de los fondos obtenidos se habría destinado a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), “presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados”, aunque otra parte del dinero habría ido “a los propios miembros del grupo de forma individual”.
El juzgado especifica que el volumen y la forma de ingreso variaban según el destinatario y apunta que el expresidente de la SEPI habría percibido “al menos 49.350 euros, a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo”.
La causa, promovida por la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en el marco de una presunta trama que habría utilizado su red de contactos en la Administración para obtener beneficios económicos ilícitos.
