La Audiencia de Baleares ordena reabrir la causa por maltrato animal en la macrogranja avícola de Llucmajor

La Audiencia de Baleares ordena reabrir la causa por maltrato animal en la macrogranja avícola de Llucmajor tras el recurso de la plataforma vecinal.

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Gallinas en la granja avícola de Llucmajor ARDE

Gallinas en la granja avícola de Llucmajor ARDE

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La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido reabrir la causa por presunto maltrato animal contra la macrogranja avícola situada en el municipio mallorquín de Llucmajor, después de estimar el recurso presentado por la plataforma vecinal “STOP Macrogranja Llucmajor. Sense Olor ni Mosques” frente al archivo acordado previamente.

En febrero, un juzgado de instrucción de Palma había decretado el archivo de las diligencias, aunque contra esa resolución cabía recurso. En aquel momento, el magistrado reconoció que la macrogranja presentaba diversas “carencias”, pero consideró que no alcanzaban la gravedad necesaria para ser calificadas como delito de maltrato animal.

La macrogranja avícola de Llucmajor fue denunciada ante la Fiscalía por las organizaciones Satya y ARDE, que la acusaron de supuestos delitos contra la salud pública y de estafa. Estas entidades de defensa animal y ambiental difundieron en abril del año pasado una investigación en la que describían una notable falta de higiene en las instalaciones, con presencia de telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.

A raíz de aquella denuncia, técnicos del Govern y agentes de la Guardia Civil acudieron a la explotación para llevar a cabo una inspección, tras la cual se ordenó el cierre de una de las naves de la macrogranja.

Tras el archivo de la causa por parte del juzgado de Palma, la plataforma ciudadana “STOP Macrogranja Llucmajor. Sense Olor ni Mosques”, creada en oposición a la explotación, presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Baleares para tratar de revertir la decisión.

En su recurso de apelación, los vecinos alegaban que el juez había acordado el sobreseimiento “sin haber practicado las diligencias de investigación más esenciales”, lo que, a su juicio, vulneraba su derecho a obtener una tutela judicial efectiva.

En esa misma línea, defendían que la ausencia de indicios de delito apreciada por el magistrado no implicaba necesariamente que estos no existieran, sino que “ni tan siquiera” se habían activado las principales vías de investigación, por lo que solicitaban la realización de varias diligencias adicionales.