El tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que enjuicia a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito ha decidido que el expresident de la Generalitat Jordi Pujol declare de forma presencial el próximo lunes en la sede de San Fernando de Henares (Madrid). Paralelamente, ha resuelto que el exdirigente catalán sea sometido a un nuevo reconocimiento médico.
En una providencia dictada este martes a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados convocan a Pujol, de 95 años, a comparecer “personalmente” a las 9.30 horas “a efectos de ser reconocido por el médico forense” y le requieren que aporte la documentación médica que considere pertinente para su evaluación.
El tribunal fija además que las declaraciones del resto de procesados, entre los que se encuentran sus siete hijos --Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia--, se inicien a partir de las 10.00 horas.
Los jueces precisan que el médico forense deberá permanecer “durante todo el tiempo que dure la declaración” del expresidente catalán. Asimismo, acuerdan la citación de una intérprete de catalán para los días 27, 28 y 29 de abril, fechas señaladas para los interrogatorios de los acusados.
Situación médica de Pujol y desarrollo del juicio
El 24 de noviembre de 2025, en el inicio de la vista oral, el tribunal resolvió que Pujol fuera juzgado pero le autorizó a seguir las sesiones desde su domicilio en Barcelona, después de que su defensa solicitara el archivo de la causa alegando motivos de salud.
En esa primera sesión del juicio declararon los facultativos que elaboraron el informe forense sobre el estado de salud del expresident, quienes confirmaron que Pujol “no está en condiciones” de continuar con el proceso judicial.
De acuerdo con dicha pericial, el exmandatario presenta “un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor de tipo mixto (de tipo Alzheimer y de tipo vascular)”.
La previsión del tribunal es prolongar el juicio hasta, aproximadamente, mediados de 2026, para enjuiciar a los acusados por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el expresidente una pena de 9 años de prisión y una multa de 204.000 euros, y reclama condenas de entre 8 y 29 años de cárcel para sus hijos.
Anticorrupción atribuye a Pujol, a sus siete hijos y a más de 15 presuntos colaboradores la integración en una supuesta organización criminal que se habría enriquecido durante décadas mediante actividades corruptas aprovechando su posición política.