La Fiscalía ha iniciado una investigación a raíz de una denuncia presentada por seis organizaciones de la sociedad civil contra el Consejo de Administración de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y los responsables de seis de sus filiales, por la implicación de la compañía vasca en el proyecto del Tren Ligero de Jerusalén.
Las entidades denunciantes explican que el Ministerio Público les ha comunicado formalmente la apertura de estas diligencias tras la recepción del escrito.
Según detallan en una nota pública, la denuncia, registrada el 18 de febrero, ha sido promovida por NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, ODESCA, Paz con Dignidad y SUDS, todas ellas representadas legalmente por el Centro Guernica 37.
En el documento remitido a la Fiscalía se expone que CAF participa desde 2019 en el desarrollo del Tren Ligero de Jerusalén “con un papel que va mucho más allá de una colaboración puntual” porque “se encarga de ampliar la Línea Roja del JLR, construir la Línea Verde, suministrar y renovar trenes y desplegar sistemas de señalización, energía y comunicaciones”, además de “operar y mantener ambas líneas a través de una empresa conjunta en la que posee el 50% de participación, con contratos de entre 15 y 25 años”.
Las organizaciones subrayan que “CAF, en consorcio con la empresa israelí Shapir, ha desempeñado un papel central en el desarrollo y la operación del Tren Ligero de Jerusalén, proporcionando servicios clave sin los cuales el proyecto no habría alcanzado su estado actual”, y le atribuyen una implicación “estructural e indispensable” en el funcionamiento y la ampliación del sistema tranviario “no solo por su alcance técnico”.
La denuncia afirma que “la infraestructura conecta los asentamientos israelíes en Jerusalén Este ocupada entre sí y con Jerusalén Oeste, reforzando su integración y crecimiento, al tiempo que profundiza la fragmentación de los barrios palestinos”.
Igualmente, sostiene que las actividades de CAF ligadas al Tren Ligero de Jerusalén contribuirían presuntamente a “la consolidación de la anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén Este ocupada, al mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales de Israel en el territorio palestino ocupado, y al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas por parte de Israel contra la población palestina”.
En opinión de las entidades, los hechos descritos podrían encajar en varios artículos del Código Penal español sobre crímenes cometidos contra personas protegidas en contextos de conflicto armado, incluyendo “conductas relacionadas con la participación en el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado, en el mantenimiento de prácticas discriminatorias y en la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra”.
A la Audiencia Nacional
Las organizaciones denunciantes sostienen que España cuenta con competencia para investigar este caso, lo que “sitúa también en el centro la responsabilidad de las autoridades españolas a la hora de actuar ante posibles vulneraciones del derecho internacional humanitario y de investigar los delitos a los que se contribuye mediante las empresas españolas”.
Recuerdan, además, que la presentación de la denuncia se produce tras “años de advertencias sobre los riesgos legales y reputacionales” asociados al proyecto, pese a lo cual “la empresa ha mantenido su implicación, incluida la inauguración de la ampliación de la Línea Roja el 9 de marzo de 2025”. En esa misma línea, apuntan que en septiembre pasado “CAF fue incluida en la base de datos de Naciones Unidas de empresas vinculadas a actividades en los asentamientos ilegales de Israel”.
Finalmente, las organizaciones indican que la Fiscalía les ha confirmado tanto la admisión de la denuncia como la apertura de una investigación sobre los hechos expuestos.