La magistrada de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha acordado, a instancia de la acusación ejercida por el sindicato FETAP-CGT, la citación de tres testigos con el fin de esclarecer si el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, investigado en el procedimiento, llegó a conocer el ofrecimiento de agentes medioambientales cursado por la Dirección General de Medio Natural para la vigilancia de cauces y barrancos ante las riadas del 29 de octubre de 2024.
La jueza considera que esta prueba testifical resulta procedente porque, entre otros motivos, está “en consonancia con la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que acordó el análisis de la trazabilidad de la comunicación”. Lo explica en un auto en el que precisa que la propia defensa de Argüeso ya había solicitado esta testifical en su escrito inicial de proposición de prueba, después de incorporarse al sumario un documento “en el que constaba, como ahora confirma la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), que el ofrecimiento de agentes medioambientales fue recibido en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y abierto el mismo día 29”.
Los tres testigos deberán declarar sobre la “recepción, gestión y destino” de la comunicación interna enviada el 29 de octubre de 2024 por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, relativa al ofrecimiento de agentes medioambientales, y, en particular, “para que aclaren las acciones que realizaron tras su recepción y a quién o quiénes comunicaron dicha información”.
FETAP-CGT sostenía en su escrito que el informe de la DGTIC había sido “esclarecedor” para confirmar la recepción del mensaje en la AVSRE e identificar a los funcionarios que lo tramitaron en un primer momento, pero dejaba sin resolver el “interrogante fundamental” de si esa información llegó o no a Argüeso, entonces máximo responsable de la AVSRE. La defensa del ex alto cargo se opuso a nuevas diligencias al entender que el investigado “no conoció tal ofrecimiento”.
El informe técnico certifica que la comunicación remitida por la Dirección General de Medio Natural y Animal “no solo sí que llegó a la AVSRE” sino que “fue abierto”, según un documento firmado por Gomis, a las 12:25 horas del 29 de octubre, cuando la gestión de la emergencia recaía en Emilio Argüeso, que “ostentaba la posición de garante al objeto de que no se produjeran fallecimientos ni lesionados”. Para entonces ya se había declarado, desde las 7.45 horas, la situación 1 de emergencia en la Ribera Alta, y se encontraba activa la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo, lo que implicaba situación 0 de emergencia en esas zonas y, por tanto, la dirección del plan en ese ámbito correspondía a Argüeso, igual que el 28 de octubre. La situación 2 para toda la provincia, incluida L'Horta Sud, no se decretó hasta después de las 19.00 horas del día 29.
El día anterior, una técnica de Emergencias había formulado una petición verbal de colaboración de agentes medioambientales a través de otro funcionario. La respuesta fue que se cursara un requerimiento formal por correo electrónico si se trataba de unidades de prevención y recursos de vigilancia, y que, si se necesitaban agentes medioambientales, la solicitud debía dirigirse al director general de Medio Natural y Animal. Finalmente, se optó por recurrir a “recursos propios” de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), activando a los bomberos forestales para medir escalas tras las alertas hidrológicas.
A pesar de que desde la AVSRE no se formalizó esa petición de refuerzo, Luis Gomis “insistió en el ofrecimiento de los agentes medioambientales”, “tal y como queda perfectamente documentado a través de una comunicación interdepartamental que se emitió a las 12:19 h y que se recibió y abrió en la AVSRE a las 12.25 horas del mismo día”.
Para la instructora, la tesis de la defensa de Argüeso “parece nuevamente defender que la mejor argumentación exculpatoria es que los cargos que asumían la gestión de la emergencia estaban aislados, en una burbuja, en la que las previsiones de los demás no eran acertadas, no había información y los técnicos no aconsejaban o bien discutían largo y tendido entre ellos, que los funcionarios tampoco les transmitían nada, y que no les avisaron de las llamadas del 112”.
“Amenaza” y falta de coordinación
En este punto, la jueza recalca que lo “decisivo” es que “el foco de peligro suponía una amenaza: el desbordamiento de barrancos y ríos, una situación de riesgo que conllevaba una amenaza constante de desestabilizarse y que exigía un control específico” y recuerda que el Plan Especial de Inundaciones prevé rondas de seguimiento en los barrancos, que debían ser supervisadas por las autoridades de protección civil y por la dirección del plan.
La magistrada recuerda que la gestión de la emergencia exigía cooperación entre Consellerias y que, una vez “descartada la atribución de dicha responsabilidad al presidente de la Generalitat en virtud de auto de 16 de marzo de 2026 del TSJCV”, esa responsabilidad operativa recaía en la consellera y en el secretario autonómico. Sin embargo, señala que “no hubo coordinación alguna” con Servicios Sociales; ni con Agricultura en lo relativo a la presa de Buseo, que llegó a desbordar por coronación; ni con Educación —en los tres supuestos cita a personas fallecidas en sus domicilios o cuando recogían a menores del colegio—; ni con Medio Ambiente, “pues se prescindió de un medio previsto en el Plan, que podía haber resultado muy útil en la vigilancia de cauces: los agentes medioambientales”.
Despliegue de À Punt y tesis exculpatoria
La jueza contrapone esta actuación al despliegue informativo de la radiotelevisión autonómica: “Si la televisión autonómica efectuó su despliegue informativo por diversos puntos de la provincia, lo previó con cinco días de antelación y lo mantuvo todo el día 29 de octubre de 2024”, como declaró la testigo-perito jefa de Meteorología de la cadena, “es difícilmente comprensible la actuación de los investigados encargados del control de la emergencia y de la vigilancia de las fuentes de riesgo y la ulterior alerta a la población”.
Por ello, concluye que “no se puede hacer depender de la apertura de un correo, ni de la comunicación al superior a través de una jerarquía de diversos puestos administrativos, el hecho de que no se hiciera uso del recurso que suponía los agentes medioambientales” y sostiene que la razón por la que el investigado, como director del plan, “no se solicitaron por el investigado, siendo director del plan, “es una pregunta que al mismo corresponde exclusivamente responder”.
A su entender, la “tesis exculpatoria” de Argüeso “ya es difícilmente entendible desde el mismo momento en que estaba presente mientras se hablaba sobre el riesgo” de lo que la exconsellera anotó como “Barranco del Pollo” o por el hecho de que ambos se desplazaran en un “viaje inútil a Carlet” cuando todavía no se había convocado el Cecopi. De ese desplazamiento existe un mensaje de WhatsApp que Pradas remite al ‘expresident’ Carlos Mazón a las 13.43 horas del 29 de octubre: “Me voy a Carlet para que se (los) vea con bomberos forestales”.
La magistrada incide en que Argüeso “minimizó” el riesgo previsto para el día 29, algo que ya se desprende de los mensajes que cruzó con la técnico de Emergencias el día 28 a propósito de la suspensión de las clases en algunos municipios. “De esto sabemos algo. Es que la información que nos llega del 112 no es tan grave”, recoge uno de los mensajes del ex número dos de Pradas. En otro apunta: “Pero vamos. Que es un poco exagerado el tema?”. Añade la jueza que, mientras tanto, Argüeso realizaba gestiones para personal de Presidencia sobre “el mejor modo de llegar a Xàtiva durante la emergencia”.