QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Carlos Perales Rey, abogado de la entidad Manos Limpias, ha decidido retirarse de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mediante un burofax. Alega que el mandato ‘de naturaleza estrictamente técnica’ se ha transformado en una cuestión que ‘excede del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática’.
‘En el transcurso de los acontecimientos, se ha podido observar cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico’, explica el despacho Preico Jurídicos S.L. en un documento.
Perales ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 41 su ‘renuncia conjunta a la representación procesal y defensa’ en el caso de Begoña Gómez, desvinculándose ‘de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)’.
La demanda contra Begoña Gómez fue presentada en abril de 2024 por Manos Limpias, acusándola de usar su posición como esposa del presidente para beneficiar a empresarios como Juan Carlos Barrabés.
En su escrito de renuncia, el abogado señala que ‘no ha sido una decisión tomada a la ligera’, sino que ha sido el resultado de ‘un análisis sosegado y la constatación de que concurren circunstancias que hacen inviable mantener una defensa técnica eficaz’.
‘Lo que en un inicio se configuraba como un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica, orientado a la correcta interpretación y aplicación del Derecho, con el objetivo de obtener una resolución judicial fundada en la verdad material y en el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática’, concluye Perales Rey.
El letrado también mencionó que ‘la utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar’.
