El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha defendido este martes que es “indispensable crear una teoría general del derecho digital o del propio estado digital” con el fin de “adaptar el derecho y el pensamiento jurídico a los cambios que las tecnologías digitales provocan en la sociedad”.
Para avanzar en esa dirección, ha considerado que es “necesaria” una “profunda comprensión de las características de esta revolución tecnológica aún en proceso de asentamiento”, en la que ha destacado el papel central de la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), durante su discurso de ingreso como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Marchena ha incidido en la conveniencia de actualizar la metodología de la investigación penal, aunque ha advertido de que esta “no puede llegar a cuestionar ni a legitimar, al amparo de las ventajas que ofrecen las tecnologías de vanguardia y, de modo especial, la IA, una investigación en la que todo vale, sin reparar en la intensa injerencia estatal y consiguiente sacrificio del espacio de intimidad que cada ciudadano dibuja frente a los poderes públicos y a terceros”.
En esta línea, ha recalcado que “el proceso penal, no ya del futuro sino del presente, no puede permanecer ajeno al imparable empuje de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial”, en su condición de magistrado de la Sala de lo Penal y expresidente de la misma.
La tecnología y la crisis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El juez ha puesto de relieve que “desde hace varias décadas el impacto de las tecnologías sacude los cimientos de la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal”, y ha agregado que ese impacto alcanza también “a los principios inspiradores de un texto legal considerado por muchos como un monumento histórico del derecho codificado”.
A su juicio, “una sociedad como la actual, interconectada mediante redes telemáticas que definen un espacio de convivencia inédito hasta hace muy pocas décadas, demanda soluciones jurídicas nuevas, con capacidad para hacer frente a formas de delincuencia que nada tienen que ver con moldes criminológicos ya superados”.
En este contexto, ha indicado que “es entendible que el jurista cuestione la capacidad de adaptación de una norma de finales del siglo XIX”, en alusión a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a sus limitaciones para dar respuesta a los desafíos tecnológicos.
Ha advertido, no obstante, de que “la necesidad de dar respuesta pronta a problemas sobrevenidos y carentes de cobertura normativa” no debe convertirse en “excusa para la aprobación de textos legales que rinden culto a la improvisación y a una actividad legislativa irreflexiva, fruto de la precipitación y con soluciones improvisadas que crean más problemas de los que resuelven”.
Crítica a la forma de legislar y a las reformas penales
Asimismo, el magistrado ha alertado sobre la “preocupante distancia entre la voluntad política y las exigencias de técnica legislativa”, al analizar las reformas penales y procesales acometidas en los últimos años.
Ha subrayado que las modificaciones que han “sufrido” recientemente el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal “pasarán a la historia como el ejemplo de lo que nunca deben ser las tareas legislativas”.
En este sentido, ha censurado que “cuando se legisla prescindiendo de los órganos consultivos del Estado, cuando se recurre a procedimientos acelerados de tramitación legislativa y cuando redacción de los preceptos legales se encarga a gabinetes de dudosa cualificación técnica, el resultado es más que previsible”, ha recriminado Marchena.
El magistrado ha añadido que “la falta de correspondencia entre lo que el responsable político anuncia como objetivo de política criminal” al aprobar una ley, y el resultado “jurisdiccional, consecuencia de los errores gramaticales o conceptuales” de la norma, “debilita la confianza de la sociedad en la justicia penal”.
Marchena fue elegido en 2025 como académico electo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, presidida por Luis María Cazorla, y ha descrito su ingreso en la institución como “es un hito soñado para cualquier jurista”, según ha manifestado al inicio de su intervención.