QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) se ha mostrado en contra de que el órgano formule su propia cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en el marco del Pleno monográfico que se ha iniciado este lunes para responder al recurso presentado por el PP contra la ley de amnistía, que se espera que sea avalada a final de semana, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
El TC ha iniciado la deliberación analizando las peticiones de PP, Senado y los magistrados conservadores Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, que buscaban que el tribunal planteara una cuestión prejudicial al TJUE al entender que la amnistía no tiene encaje en el derecho comunitario.
En el anterior Pleno, se analizaron dichas peticiones pero para descartar que el TC paralizara el debate sobre la amnistía a la espera de que el TJUE respondiera a las preguntas formuladas por otros tribunales españoles. Entonces, el cónclave emplazó a resolver el tema de fondo en el seno de las deliberaciones.
Este lunes, finalmente el Pleno ha abordado el posible planteamiento de la cuestión prejudicial ante el TJUE y la mayoría progresista del TC se ha mostrado en contra, por lo que, aunque la votación no tendrá lugar hasta la última jornada de deliberación, se espera que esta solicitud sea rechazada.
La magistrada ponente, la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán, añadió un nuevo pasaje al borrador de sentencia para dar respuesta a dichas peticiones, descartando que el TC preguntara al TJUE porque la ley está «íntimamente relacionada con cuestiones políticas subyacentes (…) que son eminentemente nacionales».
SIN ESPERAR A LA PRIMERA VISTA DEL TJUE
Las fuentes consultadas precisan que el bloque mayoritario ha argumentado que no procede acudir a la corte de Luxemburgo porque el TC debe determinar únicamente si la ley de amnistía respeta la Constitución, una competencia exclusiva de la corte de garantías.
Ante lo alegado por quienes pedían aguardar al TJUE, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo 15 de julio celebrará su primera vista por las prejudiciales formuladas sobre la ley de amnistía –en concreto, la presentada por el Tribunal de Cuentas en el procedimiento sobre los gastos del 1-O y la acción exterior–, la mayoría también se ha mostrado en contra al considerar que el TC lleva demasiado tiempo trabajando en este asunto, por lo que no procede dilatar su fallo.
De la misma forma, el Pleno ha descartado resolver con carácter previo los recursos de súplica presentados por PP y Senado, tanto sobre la cuestión prejudicial al TJUE como sobre la decisión de inadmitir las peticiones para que el presidente del TC, Cándido Conce-Pumpido, se abstuviera de los asuntos relacionados con la amnistía aplicando la misma doctrina que para apartar al magistrado conservador José María Macías.
Con todo, la corte de garantías seguirá con su ‘hoja de ruta’, que implica debatir por bloques temáticos. Tras este primero, los magistrados analizarán si nuestra Constitución permite la amnistía. Y, a continuación, se centrarán en si esta amnistía en particular es constitucional. Finalmente, estudiarán las tachas específicas que los ‘populares’ hacen a determinados artículos de la ley.
Cada bloque tendrá un debate donde se dará voz a todos los magistrados, por lo que los tiempos serán los que vayan marcando esas intervenciones. No obstante, las fuentes confían en que el TC pueda sentenciar el jueves o, a más tardar, el viernes.
UN PLENO REDUCIDO PERO CON LA MISMA MAYORÍA
El Pleno ha estado constituido por 10 de los 12 magistrados que lo forman habitualmente, con una mayoría progresista de 6 a 4. Esta aritmética, que ha funcionado de forma asidua en este TC, lleva a las fuentes preguntadas a asumir que el grupo mayoritario se impondrá también para aprobar la ponencia sin cambios de calado.
Cabe recordar que el magistrado Juan Carlos Campo se apartó voluntariamente de todos los asuntos relacionados con la amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés dijo que era «claramente inconstitucional».
A su baja se sumó la de Macías, al aceptarse la recusación lanzada por la Fiscalía por entender que estaba contaminado para fallar sobre la amnistía porque como vocal del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó sobre la ley en el marco del trámite parlamentario.
La salida de Macías provocó un profundo malestar en el bloque conservador que ha ido ‘in crescendo’. Las fuentes consultadas reprochan el «absoluto secretismo» con el que se gestó la ponencia de Montalbán, a pesar de que finalmente se dio a conocer su sentido en los medios de comunicación antes de que fuera repartida entre todos los magistrados.
Apuntan también a las sucesivos acuerdos adoptados por Conde-Pumpido, desoyendo las peticiones procedentes del sector minoritarío. En este sentido, recuerdan que primero descartó frenar la sentencia de la amnistía por el TJUE y después se limitó a habilitar lunes y viernes para este Pleno, cuando Arnaldo le pidió extender la deliberación a julio. Mientras que, del otro lado, ven en dichas solicitudes «maniobras dilatorias».
Con todo, el TC encara el debate sobre uno de los asuntos de mayor trascendencia de los últimos años –junto al ‘procés’ o el estado de alarma– totalmente fracturado. No hay «una auténtica deliberación», reprochó Arnaldo a Conde-Pumpido en un escrito.
EL BORRADOR DE LA SENTENCIA
La ponencia, de 191 páginas, valida la amnistía argumentando que «el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente», rechazando de esta forma que la prohibición expresa de los indultos generales pueda extenderse por analogía a la amnistía, sobre la que la Carta Magna nada dice.
Respecto a la motivación de la amnistía, que el PP achaca a «una transacción política para asegurar la investidura» de Pedro Sánchez, Montalbán subraya que las leyes siempre responden a «criterios de oportunidad política», de modo que «su porqué es jurídicamente indiferente». Pese a ello, resuelve que esta ley no es un «capricho» porque busca «mayor paz ciudadana».
Solo da la razón al PP en tres cuestiones concretas: ve inconstitucional la «asimetría» para amnistiar a quienes apoyaron y se opusieron al ‘procés’; que la ley incluya «una habilitación insólita» para continuar con las «actividades criminales en el futuro»; y que solo imponga escuchar a Fiscalía y a los organismos públicos perjudicados en las causas en el Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.
