QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las entidades representativas de jueces y fiscales, organizadoras de la huelga en protesta contra las reformas gubernamentales sobre el acceso a estas profesiones y la Fiscalía, han estimado la participación promedio de los tres días de paro en un 70%, en contraste con la cifra del 31% proporcionada por el Ministerio de Justicia.
Este desacuerdo en las cifras se ha evidenciado durante la huelga que tuvo lugar desde el martes hasta el jueves, con las organizadoras reportando un apoyo del 65% el último día, mientras que Justicia reportó un 33%.
«La incidencia del paro de jueces y fiscales hoy, 3 de julio, ha sido del 33,55%. La incidencia media de los tres días de paro ha sido de un 31,04%», declaró el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mediante un mensaje en la red social X.
Por otro lado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han celebrado en un comunicado «la participación masiva de jueces y fiscales», calificándola de «éxito rotundo, con una media de seguimiento del 70%».
HUELGA «HISTÓRICA»
Las organizadoras han expresado su pesar por «los perjuicios que esta situación ha podido ocasionar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos», ofreciendo sus «más sinceras disculpas».
«Nuestro objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial y del Estado de Derecho, siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de justicia», han afirmado.
Además, han mostrado su «profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los compañeros que, con su sacrificio y valentía, han demostrado un compromiso ejemplar en la defensa de los derechos de la ciudadanía, de sus propios derechos y de la dignidad de la profesión».
Consideran esta huelga como histórica, ya que nunca antes se había registrado una movilización tan amplia y continua de jueces y fiscales en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho.
«Esta huelga responde a unas reformas tramitadas –inexplicablemente– por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al fiscal general del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal», han subrayado.
DATOS CONTRADICTORIOS
Durante la primera jornada de huelga, los convocantes reportaron un seguimiento del 75%, cifra que el Ministerio de Justicia ajustó al 28%. El martes, las cifras fueron del 70% por parte de las asociaciones y del 30% según Justicia.
Es importante destacar que las cifras de las asociaciones se basan en los ‘emails’ enviados a la dirección de correo electrónico habilitada por el propio comité de huelga por parte de los jueces y fiscales que voluntariamente han querido comunicar que han hecho huelga.
En contraste, Justicia utiliza «los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas», según Bolaños.
Las asociaciones han indicado que, aunque desconocen «el número exacto de juicios o señalamientos suspendidos, dado que este dato solo obra en poder del Ministerio», «la labor de jueces y fiscales va mucho más allá de la celebración de vistas o juicios, abarcando una compleja y esencial función para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho».
«El próximo 4 de julio las asociaciones profesionales convocantes se reunirán para realizar una valoración exhaustiva de la huelga y, tras analizar todos los factores implicados, adoptar las decisiones oportunas para el futuro», concluyeron, agradeciendo el apoyo de la sociedad durante estos días y reafirmando su compromiso con la mejora del sistema judicial.
