Plan anticorrupción presentado por Sánchez es tildado de superficial por asociaciones judiciales que exigen más recursos

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han descrito el reciente plan anticorrupción del Gobierno como maquillaje, una opinión que comparte el Foro Judicial Independiente (FJI), quienes argumentan que se requiere voluntad política y más medios. Por su parte, desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ven cierta utilidad en el plan, pero insisten en la necesidad de incrementar los recursos disponibles.

María Jesús del Barco, presidenta de la APM, ha expresado que el plan es maquillaje, señalando la urgencia de disponer de medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y para garantizar el cumplimiento de las penas. De poco sirve incrementar las penas del CP si luego van a indultar o amnistiar a los condenados por delitos de malversación, como ha sucedido en el ‘procés’, comenta, en declaraciones a Europa Press, y recuerda que este Gobierno reformó la malversación para beneficiar a los condenados y futuros autores.

Además, Del Barco recalca que la responsabilidad de los partidos políticos ya está legalmente definida. Quizá falta asumirla, concluye, instando a la provisión de medios para investigar y juzgar en lugar de criticar y deslegitimar la actuación de los jueces. Respeto, exige.

MEDIDAS REDUNDANTES O YA VIGENTES

Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, critica que el plan incluye medidas loables sobre el papel pero carece de sustancia. Oliva advierte que sin dotación de medios materiales y personales, no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos, dado que las cargas de trabajo actuales apenas permiten salvar la preferencia ya otorgada a presos y menores.

Respecto a las novedades, señala que la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública no responde a una necesidad real, ya que contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las fuerzas de seguridad o el Tribunal de Cuentas. Lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía, aclara.

Por último, Oliva subraya que para combatir realmente la corrupción, no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas, si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo, medidas como otorgarle la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes, sostiene.