QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular, actuando como acusación popular, ha presentado ante el Tribunal Supremo una solicitud formal para que se condene a José Luis Ábalos, exministro socialista, y a Koldo García, su antiguo asesor, a 30 años de prisión cada uno. Esta petición se enmarca en la investigación de una supuesta red de cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia.
Según el documento de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también se solicita una condena de 7 años para el empresario Víctor de Aldama, quien presuntamente facilitaba las operaciones de la trama. Las asociaciones implicadas proponen aplicar la atenuante de confesión a Aldama por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos.
El escrito, que se extiende por 113 páginas, imputa a Ábalos y a su exasesor delitos como pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, prevaricación y malversación, mientras que a Aldama se le acusa de los mismos delitos, excepto el de malversación.
Además, las penas solicitadas incluyen multas de al menos 594.000 euros para Ábalos y Koldo, y de 225.000 euros para Aldama. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha pedido 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama, junto con multas que ascienden a casi 4 millones de euros para cada uno, además de embargos e indemnizaciones.
PRISIÓN PROVISIONAL PARA ‘EVITAR EL RIESGO DE FUGA’
Las acusaciones populares también han solicitado al Tribunal Supremo una audiencia para revisar las medidas cautelares vigentes y proponen que se ordene el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo, ante el «riesgo elevado de fuga» y los «indicios racionales de criminalidad».
El escrito inicial resalta que Ábalos, Koldo y Aldama «encontraron en su relación personal una gran oportunidad para obtener suculentos beneficios económicos», aprovechando la posición privilegiada de Ábalos como ministro de Transportes.
Además, se ha solicitado que testifiquen en el juicio figuras políticas de alto nivel, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del gabinete y altos cargos empresariales.
