QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular, al frente de las acusaciones populares, ha solicitado la prisión provisional para el exministro José Luis Ábalos después de que un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicase la existencia de «ingresos irregulares». Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto que se conserven las restricciones ya impuestas —prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas ante la justicia—.
Este miércoles, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido esta postura durante una sesión en el Tribunal Supremo, la cual se ha organizado después de que Ábalos decidiera no declarar debido a desacuerdos con su letrado, José Aníbal Álvarez, a quien intentó despedir recientemente sin éxito. Según fuentes jurídicas, esta es la cuarta vez que Ábalos opta por no declarar, marcando un giro en su estrategia de defensa.
La sesión del miércoles, similar a otra celebrada en junio, ha concluido con la misma petición por parte de la Fiscalía de mantener las medidas cautelares. Hasta la fecha, la única prisión provisional acordada ha sido para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, desde junio por su rol central en una presunta trama de manipulación de contratos.
La UCO ha documentado que Ábalos realizó pagos por 95.437,33 euros sin justificación adecuada, incluyendo 20.799,40 euros en gastos «personales» financiados por «una fuente de ingresos no declarada». Además, se ha descubierto que el PSOE realizaba pagos en efectivo a Ábalos. Algunos de estos pagos estaban documentados como reembolsos por gastos, mientras que otros no.
Finalmente, se ha revelado que Koldo y Patricia Uriz, mencionaban en sus mensajes de WhatsApp que gestionaban dinero que no les pertenecía, sino a Ábalos, aludiendo a este con códigos como «chistorras», «soles» y «lechugas».
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
