QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Audiencia Provincial de Granada ha impuesto la pena de prisión permanente revisable a dos de los cuatro procesados por torturar y matar a un hombre y una mujer, a la que también agredieron sexualmente, en una finca de Los Yesos (Granada) en abril de 2022. Es la primera ocasión en que se aplica esta condena en dicha provincia.
Los condenados a esta pena son dos varones de 29 años, de nacionalidad marroquí, a quienes un jurado popular consideró responsables de haber degollado y torturado a la pareja y de la agresión sexual a la mujer. Los otros dos acusados, españoles de 32 y 22 años, han recibido penas de 59 años y tres meses de cárcel y 52 años y nueve meses, respectivamente.
Según la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, a la que ha tenido acceso Europa Press, los dos penados con prisión permanente revisable admitieron el asesinato y la tortura, aunque negaron haber cometido la agresión sexual contra la víctima.
Robo planificado y asesinato
La sentencia, fechada el 12 de diciembre y recurrible, detalla que “no solo concurren dos circunstancias de específica agravación” de las previstas en el Código Penal “sino que su muerte fue precedida de un delito de agresión sexual”.
Por ello, concluye que “es inexorable la imposición de la pena de prisión permanente revisable para los acusados” al ser considerados “autores materiales del citado delito de agresión sexual”, en coherencia con lo planteado por la Fiscalía.
Los cuatro encausados han sido condenados por delitos de asesinato, detención ilegal, robo con violencia en casa habitada, agresión sexual y tenencia ilícita de armas, todos ellos apreciando la agravante de disfraz, además de un delito contra la seguridad vial por el que a uno de los sentenciados a prisión permanente revisable se le impone una multa de 2.160 euros.
El fallo indica que “debe partirse de que los acusados” castigados con prisión permanente revisable reconocieron en el juicio “todos los hechos objeto del escrito de acusación”, salvo la agresión sexual y “el propósito lúbrico en los reconocidos tocamientos” por ambos.
“Los dos citados acusados, bien es cierto que cambiando parcial, pero significativamente, sus versiones sumariales, han admitido, durante el largo interrogatorio de las partes todos los hechos, con la salvedad dicha, y han afirmado que los cuatro acusados estuvieron de acuerdo en todos y cada uno de ellos”, añade la resolución.
De acuerdo con lo que manifestaron ante el jurado popular, la Audiencia de Granada recoge que uno de ellos confesó ser el autor material de la muerte del hombre, mientras que el otro “reconoció ser quien materialmente dio muerte” a la mujer, pareja sentimental del propietario del cortijo.
El tribunal señala que, “sin antecedentes penales computables” y “con ánimo de ver incrementado su patrimonio y tras haberlo ideado días antes”, los cuatro decidieron de mutuo acuerdo acudir al cortijo para apropiarse de “cuanto de valor hubiese”.
La tarde del 20 de abril de 2022, partieron desde la vivienda que compartían los dos marroquíes en Castell de Ferro, en la costa granadina, y “salieron sobre las 18.30 horas a bordo del vehículo de un amigo de estos últimos”.
Todos vestían de oscuro para no llamar la atención y llevaban pasamontañas, guantes, cinta adhesiva, dos machetes, un revólver y una pistola de fabricación artesanal, transportados en una mochila por uno de ellos y “de cuya existencia eran todos ellos conocedores”, según el relato de hechos probados.
Atados de pies y manos y golpes reiterados
Al llegar al cortijo, alrededor de las 19.00 horas y aprovechando que no había nadie, entraron en la vivienda, se pusieron los guantes para evitar dejar huellas y comenzaron a registrar las distintas estancias “con la finalidad de hacerse con dinero o con cualquier objeto de valor”.
Sobre las 20.00 horas regresó el hombre al cortijo con su furgoneta. “Ocultando sus rostros con los pasamontañas y armados con los machetes, el revólver y la pistola artesanal, (los condenados) salieron a su encuentro, forcejeando con aquel para obligarle a que entrase en el inmueble”.
“Tras introducirlo a la fuerza dentro del cortijo, los acusados lo amenazaron, lo ataron con la cinta adhesiva de pies y manos, lo sentaron en una silla y le taparon con una prenda de vestir la cabeza”. Después de exigirle sin éxito que “les entregase dinero”, y propinarle “reiterados golpes con las manos y con los machetes” junto a amenazas de muerte, llegó la mujer.
“De igual forma, la sentaron en una silla, espalda con espalda” respecto a su pareja y “le ataron pies y manos y cubrieron su cabeza con un trapo”. Los hechos se extendieron durante más de hora y media. En ese intervalo se apoderaron del bolso de ella, “en el que portaba 120 euros en efectivo y varios décimos de lotería”.
Degollados y arrojados a un barranco
Tras matar al hombre en la bañera, “entre los cuatro acusados envolvieron en el cuarto de baño su cadáver en un edredón y lo trasladaron a la parte trasera de la furgoneta”. Con el objetivo de “no dejar testigos de los hechos cometidos y así evitar ser descubiertos”, y tras la agresión sexual, en la que los dos españoles son considerados cómplices, decidieron “acabar también con su vida” degollando a la mujer.
Una vez envuelto su cuerpo en una manta y colocado igualmente en la parte posterior de la furgoneta, “los acusados limpiaron el cortijo para evitar que quedase en la vivienda cualquier rastro de sangre o indicios de su presencia” y “sustrajeron los móviles y la documentación personal” de las víctimas, además de “varios aparatos eléctricos (una radial, una lámpara y un aparato de aire acondicionado), unas zapatillas” del varón y distintas prendas de ropa y alimentos.
Para deshacerse de los cuerpos, condujeron la furgoneta “durante un kilómetro aproximadamente. Se detuvieron en un barranco ubicado en una zona superior del cortijo. Desde allí, manteándolos, lanzaron los cuerpos por una pendiente muy pronunciada, dejándolos abandonados”.
En su informe final, el fiscal reclamó al jurado una “respuesta contundente” ante unos hechos “tremendos” y “muy crueles” y “fríos”, que calificó de “injustificados”. En términos similares se expresaron las acusaciones particulares que representan a las familias de las víctimas, que solicitaron para cada uno de los cuatro procesados una pena total de 68 años y medio de prisión.
