QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz, ha instado a la Junta de Andalucía a crear un protocolo integral de actuación en situaciones de violencia de género que afecten a menores.
Esta iniciativa surge después del trágico suceso donde Elisa y Larisa, de dos y cuatro años, fueron asesinadas por su padre en marzo de 2024 en Alboloduy (Almería), quien posteriormente se suicidó.
De acuerdo con la resolución que ha sido revisada por Europa Press, Maeztu sugiere que el protocolo contemple medidas específicas de protección para los menores, adicionalmente a las orientadas a las mujeres afectadas.
La propuesta está dirigida a la Viceconsejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, buscando la coordinación de las distintas administraciones involucradas, como Justicia, Fiscalía, entidades locales y organismos de la Junta, para asegurar una atención especializada y la protección de los menores en escenarios de violencia de género.
Aunque las entidades actuaron según la normativa existente, las medidas de protección para las víctimas, la madre y sus hijas, no se detectaron ni se documentaron a tiempo en informes que podrían haber permitido tomar decisiones ágiles e importantes.
La situación partió de una denuncia por maltrato de la madre, que resultó en una orden de alejamiento para el padre y la prohibición de contacto con sus hijas. Aunque en un principio la Fiscalía sugirió evitar el régimen de visitas, finalmente se establecieron encuentros supervisados que terminaron por suspenderse debido a las dificultades de la madre para trasladarse, llevando a encuentros sin supervisión.
La resolución recalca la importancia de prestar atención a la información obtenida por las diligencias penales y los informes de Servicios Sociales para evaluar el riesgo del régimen de visitas para los menores. Además, recomienda asegurar un seguimiento efectivo en caso de establecer un régimen de contacto, coordinando entre Servicios Sociales, unidades policiales especializadas y el Servicio de Atención a Víctimas.
Maeztu enfatiza que no es necesario reformar la ley, sino garantizar la aplicación efectiva de la normativa existente mediante protocolos claros, recursos adecuados y especialización de los puntos de encuentro en casos de violencia de género.
El asesinato de Elisa y Larisa causó gran conmoción en Abla, donde la madre vivía con sus hijas. El Ayuntamiento financió el sepelio y ofreció apoyo a Alina, quien solicitó privacidad en el funeral realizado el 20 de marzo de 2024. La autopsia reveló que las niñas fallecieron a las 9:30 de aquel domingo por intoxicación por pesticida.
