QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ex ministro de Economía Rodrigo Rato y el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero solicitaron personarse como perjudicados en el denominado ‘caso Montoro’ cuando comenzaron a publicarse las primeras noticias sobre pesquisas relativas a las presuntas maniobras del despacho creado por Cristóbal Montoro para favorecer a empresas gasísticas desde Hacienda durante su mandato como ministro.
En el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, consta un escrito de octubre de 2023 donde los abogados de Rato pedían al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, que entonces investigaba el caso bajo secreto, que quedara personado como «perjudicado/interesado» tras conocer, «a través de diversas noticias de prensa», que «figuran unos correos electrónicos de la Agencia Tributaria que guardan relación» con él.
Los letrados de Rato indicaban que «dicha condición derivaría de la información publicada sobre la existencia de dichos correos», y de su valoración en la junta de fiscales anticorrupción celebrada el 26 de septiembre de ese año, en la que se respaldó el criterio del jefe de esta Fiscalía, Alejandro Luzón, frente al de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, sobre el curso a seguir en las pesquisas.
Apuntaban también al procedimiento seguido contra Rato en la Audiencia Provincial de Madrid, sobre el origen de su patrimonio, que concluyó con una condena a 4 años y 9 meses de cárcel contra el ex ministro de Economía por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Según destacaba el escrito de Rato, esa causa penal se inició en 2015 a raíz de un «informe de riesgos fiscales» sobre él y «su entorno familiar y societario» firmado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda, cuando Montoro ya era ministro.
Por ello, explicaban sus abogados, pidió que en el juicio declarara como testigo el que fuera director general de Hacienda Santiago Menéndez, «en relación con sus declaraciones públicas sobre las investigaciones previas a la denuncia temprana que realizaron los funcionarios de la ONIF».
En la misma línea, añadía, había pedido que testificara el ex ministro de Justicia Rafael Catalá por «la información que vertió» a la prensa indicando que Rato «había presentado el Modelo 705, así como las investigaciones que se estaban llevando a cabo de ‘hasta 705 personas de lo que se considera(ba), de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales personas expuestas políticamente, que son personas que tienen que ver con la política, con las instituciones públicas'».
«Lo anterior acredita el interés legítimo y directo» de Rato de «tener acceso a la causa», conforme a «la obligación de facilitar a los interesados cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones, que podrán examinar y conocer, salvo que estén declaradas secretas», concluía el escrito.
«DIRECTAMENTE» PERJUDICADO
En una providencia de noviembre de 2023, el juez instructor respondió que, «encontrándose la causa secreta y en fase de instrucción, una vez se levante el secreto de actuaciones se resolverá acerca de la personación interesada».
Días después, ese mismo mes Monedero presentó un escrito haciendo la misma solicitud al considerar que, de acuerdo a las informaciones que se estaban publicando, «él es una de las personas directamente perjudicadas y ofendidas por el delito y por las acciones de los investigados». Tras ello, el instructor emitió idéntica providencia.
En el sumario del ‘caso Montoro’, consta un informe de Hacienda donde se refleja el «traslado de información reservada de la Agencia Tributaria al Ministerio» en base a una serie de correos electrónicos.
Entre esos ‘emails’, el informe destaca uno de 2017 de Menéndez a Felipe Martínez Rico, ex director de gabinete de Montoro y ex subsecretario de Hacienda y Función Pública, sobre el «caso Rato» que contiene adjuntos un «calendario de actuaciones de investigación e inspección».
