QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado a cargo de la investigaciu00f3n conocida como ‘caso Montoro’ ha instruido a la Agencia Tributaria para que estudie los movimientos bancarios que indican que socios del bufete Equipo Econu00f3mico (EE), fundado por el anterior ministro de Hacienda, recibieron ‘una proporciu00f3n sustancial’ de los 673.500 euros que compau00f1u00edas gasistas transfirieron.
Segu00fan un auto fechado el 12 de junio y al que Europa Press ha tenido acceso, Rubu00e9n Rus, juez del Juzgado de Instrucciu00f3n Nu00famero 2 de Tarragona, ha desestimado una serie de diligencias propuestas por la Fiscalu00eda Anticorrupciu00f3n que buscaban profundizar en los detalles econu00f3mico-financieros de la supuesta red corrupta.
Rus ha pedido a Hacienda realizar un anu00e1lisis definitivo basado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de febrero pasado, que mostraba que entre 2011 y 2019, las empresas gasistas habu00edan pagado a EE un total de 834.155 euros, de los cuales 673.575 euros se realizaron mediante transferencia bancaria. El informe detallaba que ‘gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a travu00e9s de transferencias directas’, y que esos fondos ‘fueron utilizados para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que se haya identificado una derivaciu00f3n de esos fondos’.
El juez desea que el departamento de Hacienda que colabora con la Fiscalu00eda Anticorrupciu00f3n utilice la informaciu00f3n del informe de la UCO para completar los ‘informes de avance’ que ya se emitieron en mayo y octubre de 2020.
En respuesta a otras solicitudes de la fiscal del caso, Carmen Garcu00eda Cerdu00e1, Rus ha indicado que ‘no ha lugar’ ya que la informaciu00f3n requerida ya estu00e1 incluida en la documentaciu00f3n existente, tanto en los informes de la UCO como en sus anexos. Sin embargo, ha instruido a los Mossos d’Equadra y a la Guardia Civil a que determinen ‘si resulta precisa la emisiu00f3n de mandamientos dirigidos a entidades bancarias, a fin de obtener los datos que precisen para completar sus informes’.
La fiscal buscaba que se solicitara mu00e1s informaciu00f3n a los bancos sobre EE, sus socios y ‘sociedades instrumentales’ en un formato especu00edfico para poder identificar el origen y destino de todos los movimientos de las cuentas, asu00ed como los cu00f3digos Swift de las transferencias enviadas a o desde el exterior. Ademu00e1s, queru00eda obtener ‘la documentaciu00f3n que acredite la identidad de los titulares de los pru00e9stamos que estu00e1n siendo amortizados’ desde las cuentas bancarias identificadas por la UCO, asu00ed como la identidad de las personas relacionadas con los ingresos realizados en las mismas por cualquier vu00eda y vinculadas a los productos financieros contratados por EE.
El objetivo era conocer ‘la trazabilidad completa no solo de las operaciones analizadas sino de los fondos obtenidos por EE y por los investigados, que permita la identificaciu00f3n del beneficiario real de los mismo’. Cabe destacar que tanto Montoro como una treintena de personas estu00e1n imputadas por los supuestos favores que se hicieron desde su Ministerio de Hacienda a empresas gasistas que contrataron a EE y que, segu00fan el sumario de la causa, lograron cambios legislativos, incluidas rebajas fiscales.
