QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSOE ha requerido a Ismael Moreno, juez instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional (AN), aclaraciones sobre si debe proporcionar detalles y comprobantes de todos los pagos en efectivo realizados desde 2017 hasta 2024 a miembros, empleados y seguidores del partido, o si se limita exclusivamente a aquellos implicados en la investigación. Los socialistas expresan su preocupación por que esta demanda excesiva pueda beneficiar a sus opositores políticos, considerando más lógico centrarse únicamente en los individuos bajo investigación.
Según un documento al que accedió Europa Press, el partido insta al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 2 a detallar la solicitud hecha el pasado miércoles, durante la investigación de los pagos en metálico a José Luis Ábalos, ex secretario de Organización, y Koldo García, su asesor. Moreno sospecha que ambos pudieron eludir controles para lavar fondos de actividades presuntamente ilícitas, sugiriendo también un potencial fraude a la organización, entre otras anomalías.
El magistrado pidió una ‘relación de pagos en metálico efectuados y los documentos que los respaldan, desde 2017 hasta 2024’, sin especificaciones adicionales. El PSOE considera crucial clarificar si esta solicitud incluye ‘todos los pagos en efectivo a todas las personas durante este período’ o únicamente los ‘relacionados, directa o indirectamente, con las personas investigadas’ tanto en la AN como en el Tribunal Supremo (TS).
El partido se compromete a colaborar con la justicia, pero advierte sobre las ‘graves consecuencias –jurídicas, procesales, personales y de protección de datos–‘ que podría tener el primer escenario, ya que implicaría revelar ‘todos los gastos anticipados para el partido por sus dirigentes, empleados, militantes y simpatizantes o voluntarios’. Además, señalan una posible repercusión política, argumentando que no es justo que el PSOE deba entregar información tan delicada que podría acabar en manos de partidos como el PP, Vox o Hazte Oír.
Por esta razón, proponen que si el instructor decide requerir todos los pagos en metálico de esos años, la información se mantenga en un expediente secreto, accesible solo para los investigadores, el juzgado y la Fiscalía.
