QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘caso Koldo’ ha acordado prohibir la salida de España a Manuel José García Alconchel, antiguo director de la zona sur de Acciona Construcción España. Además, le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, el instructor Leopoldo Puente ha tomado esta decisión a instancias del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que solicitó estas medidas cautelares en una vista celebrada este lunes, después de que García Alconchel declarara como investigado en la causa que analiza una supuesta red de amaños en concursos de obra pública a cambio de comisiones ilícitas.
Las acusaciones populares se han sumado a la petición de la Fiscalía, mientras que la defensa del exdirectivo se ha opuesto frontalmente, de acuerdo con las mismas fuentes.
Finalmente, el magistrado ha aceptado la solicitud del Ministerio Público, siguiendo la misma línea que el pasado 3 de diciembre, cuando el instructor impuso idénticas medidas cautelares a otros dos antiguos responsables de la constructora: Justo Vicente Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona para España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.
Conviene recordar que el juez citó a declarar a estos excargos a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias adjudicaciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, sociedad situada en el centro de la presunta trama en la que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.
En uno de sus informes, la Guardia Civil puso el foco en el acuerdo marco firmado en 2015 entre Acciona y Servinabar, apenas días después de la constitución de esta última, para “explorar futuras oportunidades de negocio” y por el que la segunda se aseguraba un 2%.
Descarga responsabilidad en su superior
Durante su declaración de este lunes, García Alconchel ha atribuido la responsabilidad del acuerdo con Servinabar a su entonces superior, Justo Vicente Pelegrini, igualmente investigado en la causa. Preguntado además por la contratación del cuñado del exdirigente socialista como “peón”, ha explicado que ni siquiera tenía medios para desplazarse hasta la oficina, por lo que tuvieron que acercarle. “Resulta casi cómico”, ha respondido el magistrado.
En esta línea, ha insistido en que no fue él quien tomó la decisión de trabajar con Servinabar, sino Pelegrini, según las fuentes presentes en la declaración. De acuerdo con la UCO, fue este último quien suscribió el acuerdo marco de 2015, mientras que los exdirectores de las zonas sur y norte fueron firmando los sucesivos Memorándum de Entendimiento (MoE) para cada proyecto concreto.
García Alconchel ha explicado que cuando comenzó a intervenir en los proyectos, en 2018, Servinabar ya había superado todos los “filtros” internos y mantenía acuerdos de colaboración con la constructora. Ha añadido que fue su jefe, Pelegrini, quien le informó de la cooperación con la empresa que la UCO vincula a Cerdán.
En el marco de las obras adjudicadas en Sevilla, también se le ha interrogado por la contratación de Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, como peón. La UCO detalla que trabajó para Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, periodo en el que percibió 53.130,30 euros.
Según ha relatado el propio García Alconchel, el familiar de Cerdán fue incorporado por Servinabar como peón en la obra del Puente Centenario de Sevilla, aunque en el proyecto del acceso al puerto de la capital andaluza desempeñó funciones de supervisor de seguridad, para lo que ha asegurado que recibió formación específica.
Al juez le ha llamado la atención que una persona contratada inicialmente como peón terminara realizando labores de supervisor de seguridad en otras obras. García Alconchel ha replicado que este tipo de tareas suelen externalizarse y que, en este caso, la constructora carecía de personal propio para asumirlas.
Acciona Construcción ha rechazado el pago de comisiones a cualquiera de las personas mencionadas en el procedimiento judicial y ha señalado que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas si de la investigación se derivara algún perjuicio directo para la compañía por la actuación de los investigados o de cualquier otra persona.
