QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Constitucional ha comenzado el análisis de un conflicto de competencias surgido entre el Senado y el Congreso, tras la aprobación de una reforma legal que facilitó la reducción de penas a integrantes de ETA.
Según un comunicado del TC, la Cámara Alta sostiene que el Congreso ha infringido su independencia al ignorar el rechazo del Senado en la votación definitiva del proyecto de ley, lo cual no fue considerado como un veto.
El Senado argumenta que esta situación representa un choque institucional, originado por un acuerdo de la Mesa del Congreso fechado el 15 de octubre de 2024, que afecta a la ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, específicamente en su adaptación al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
El punto crítico fue la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley que permitía la conmutación de penas a prisioneros de ETA por condenas servidas en el extranjero, decisión que el Senado rechazó y denominó como ‘la ley Txapote’. El procedimiento se dio por finalizado y el texto se remitió al Gobierno para su publicación oficial.
EL VETO DEL SENADO
La ley fue inicialmente respaldada unánimemente, pero la Asociación de Víctimas del Terrorismo alertó que también beneficiaba a prisioneros etarras, lo que llevó a PP y Vox a retirar su apoyo en el Senado. La mayoría ‘popular’ en el Senado, apoyada por un informe de la Secretaría General, interpretó este rechazo como un veto, aunque no se había presentado una enmienda a la totalidad previamente.
El grupo del PP en el Senado exigió repetidamente una nueva votación en el Congreso y amenazó con llevar el asunto al Tribunal Constitucional, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2024. Desde el Congreso, la mayoría formada por PSOE y Sumar ignoraron estas demandas, argumentando que el Senado había excedido los plazos para ejercer el veto.
«Y suplanta, finalmente, al Tribunal Constitucional, atribuyéndose una posición juzgadora de la conformidad constitucional, de los acuerdos del Pleno del Senado, que no está reconocida por ninguna jurisprudencia habida hasta ahora de este tribunal», concluyeron las fuentes parlamentarias.
