QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Juzgado Social número 2 de Girona ha dictaminado que un profesor de la Universitat de Girona (UdG), al que no se le renovó el contrato por un expediente disciplinario relacionado con un presunto acoso sexual, debe ser readmitido en su puesto. Además, deberá recibir los salarios no percibidos desde septiembre de 2024 y una compensación por daños morales cifrada en 7.501 euros.
La resolución judicial, accesible desde este viernes a través de Europa Press, declara la nulidad del despido y apunta que la no renovación del contrato infringió “el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, abarcando la garantía de indemnidad y la presunción de inocencia. Esta decisión puede ser objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El despido se ha considerado una “represalia institucional” por haber ejercido el profesor su derecho de defensa durante el proceso del expediente.
EXPEDIENTE EN 2024
En febrero de 2024, la UdG inició un expediente por un supuesto acoso a una estudiante, cuando el docente impartía clases en un máster de la universidad en enero de 2020. Colectivos feministas universitarios publicaron en ‘X’ un comunicado acusando al profesor de proponer relaciones sexuales a dos alumnas y de acosarlas vía WhatsApp.
Posteriormente, el profesor reconoció haber hecho tales propuestas, aunque rechazó ser etiquetado como “acosador sexual” y se ofreció a mediar para reparar el daño y trabajar sobre su comportamiento machista y su rol como educador.
ARCHIVADO EL EXPEDIENTE
El 27 de agosto de 2024, el expediente se archivó debido a la prescripción de las infracciones, aunque se rechazó la petición del profesor de declarar nulo el procedimiento y de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial. La sentencia aclara que no hubo “ninguna denuncia formal” ni pruebas de acoso sexual, y que la universidad no formuló una acusación específica ni detalló qué normativa se había infringido.
La no renovación del contrato, que expiraba al finalizar el curso 2023-2024, se justificó en que la universidad no estaba obligada a renovarlo. Sin embargo, la sentencia subraya la conexión directa entre el expediente y la decisión de no renovar, violando la garantía de indemnidad y la presunción de inocencia.
REPARACIÓN
Ricard Reynés, abogado del profesor Shaimi, en un comunicado destacó la importancia de “respetar el derecho a la defensa de las personas a pesar de los rumores sociales en contra de esta presunción de inocencia”. Shaimi, por su parte, considera la sentencia como una “reparación imprescindible” para su dignidad personal y profesional, y un aviso para que la UdG cumpla con sus responsabilidades institucionales en la gestión de conflictos, según se informa en un comunicado.
