QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo ha determinado que no existe prueba suficiente de que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, haya operado siguiendo directrices de la Presidencia del Gobierno en el caso de la supuesta filtración que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por la cual está siendo investigado.
La Sala de Apelación ha ratificado la decisión de procesar a García Ortiz por divulgar información confidencial sobre González Amador, aunque ha discrepado del juez instructor respecto a esa afirmación.
‘Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible’, señaló la Sala al rechazar los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de García Ortiz.
Los jueces también mencionaron que ‘el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución’.
En su fallo, el magistrado encargado del caso subrayó que el titular del Ministerio Público actuó durante momentos críticos de la supuesta filtración ‘a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno’.
Además, indicó que ‘paralelamente’ a los intensos intercambios para entender cómo se habían llevado a cabo las negociaciones con González Amador, ‘desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero’ de 2024 sobre dichas negociaciones, se remitió una copia del mismo a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, quien actualmente es la ‘número dos’ de los socialistas madrileños.
