El Tribunal Supremo ha determinado que no existen pruebas suficientes para afirmar que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, haya actuado según directrices de la Presidencia del Gobierno en el caso de la supuesta filtración en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Sala de Apelación ratificó este martes la decisión de procesar a García Ortiz por revelación de secretos hacia González Amador, aunque discrepan con el juez instructor sobre la supuesta influencia de la Presidencia en este asunto. Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible
, explicaron en un comunicado tras rechazar los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa de García Ortiz.
Los jueces también mencionaron que el reproche formulado carece de relevancia alguna en la medida en que la continuación del proceso acordada no afecta a ninguna persona vinculada con esa institución
.
El instructor había señalado anteriormente que el fiscal general actuó bajo indicaciones de la Presidencia durante las horas críticas de la presunta filtración. Además, antes de que la información se hiciera pública por otros medios, se envió una copia del correo relevante a Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa y actualmente destacada figura en el Partido Socialista de Madrid.
SIN PRUEBAS CONTRA GARCÍA ORTIZ
El magistrado Andrés Palomo del Supremo presentó un voto particular en desacuerdo con el procesamiento de García Ortiz, argumentando que el correo había sido accesible a numerosas personas dentro de la Fiscalía y profesionales de la información antes de su divulgación. De otra parte, que políticamente se propiciara su exhibición desde Presidencia de Gobierno, nada permite inferir que el origen de la copia en su poder antes de la publicación, proviniera del fiscal general
, sostuvo Palomo, restando credibilidad a la teoría de que García Ortiz fuera el autor de la filtración.