El Tribunal Supremo ha decidido no imponer prisión provisional a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, aunque ha destacado que los indicios en su contra son cada vez más “consistentes”. Se refiere especialmente a los “ingresos opacos” reportados por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y a los inmuebles ligados al empresario Víctor de Aldama, figura clave en el ‘caso Koldo’.
“Es evidente que persisten (…) sólidos indicios de criminalidad con relación a la persona del investigado don José Luis Ábalos”, indica la resolución judicial del magistrado Leopoldo Puente. El informe de la UCO sugiere que Ábalos, sin utilizar dinero de sus cuentas bancarias durante años, realizó importantes depósitos en efectivo en las mismas.
Además, el informe destaca “la existencia de muy estrechos vínculos” entre los bienes de Ábalos y su asesor ministerial Koldo García, quien habría cubierto gastos significativos que correspondían al exministro, incluyendo “pensiones alimenticias de uno de sus hijos” y “regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal” de Ábalos, sumando unos 95.000 euros en total.
Ábalos no ofreció “explicación razonable alguna que pudiera justificar la existencia de aquellos ingresos por razones distintas de las que en este procedimiento se le atribuyen”, señaló Puente, aludiendo a la falta de declaración del exministro en la última comparecencia, justificada por sentirse indefenso sin un abogado de su confianza.
Puente también señaló ingresos sospechosos de otros individuos relacionados con el caso, y resaltó el uso de inmuebles, uno en la costa gaditana y otro en Madrid, vinculados a Ábalos y De Aldama, donde destacó la participación de este último en arrendamientos con condiciones ventajosas, posiblemente como parte de adjudicaciones irregulares de obras públicas.
El magistrado concluyó que existen indicios “de singular contundencia” que apuntan a la comisión de delitos como integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y potencial malversación de fondos públicos por parte de Ábalos.