QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha expresado su satisfacción por la designación de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, sucediendo a Álvaro García Ortiz, destacando que ella “encarna de manera sobresaliente las mejores virtudes” de la profesión fiscal.
Peramato, quien presidió la UPF y compartió asociación con García Ortiz, es reconocida por su larga carrera de más de 35 años en el servicio público y es altamente estimada en el ámbito judicial y legal.
“Su designación representa la elección de una fiscal de acreditada solvencia técnica y una trayectoria marcada por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”, afirmó la UPF en un comunicado.
La UPF ha elogiado especialmente su “compromiso con la protección de las víctimas, en particular de las víctimas de violencia de género”, subrayando la importancia de su labor en el desarrollo de un modelo especializado y sensible en esta área.
“Como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer y, más recientemente, como fiscal de sala delegada para la protección de las víctimas, ha demostrado una dedicación ejemplar, un firme compromiso ético y una constante defensa de la dignidad de quienes más necesitan amparo”, resaltó la asociación.
“MOMENTOS DELICADOS” QUE EXIGEN LIDERAZGO SERENO
“En el plano institucional”, la UPF confía en que la experiencia de Peramato en el Tribunal Supremo, junto con su amplio conocimiento del trabajo diario de los fiscales, “contribuirá a fortalecer una Fiscalía moderna, autónoma y plenamente comprometida con los valores del Estado de Derecho”.
La UPF también seguirá de cerca el proceso de nombramiento de Peramato, que incluye el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, manteniendo “el máximo respeto institucional”.
Finalmente, la organización reconoce que “la carrera fiscal vive momentos delicados que exigen autoestima profesional, personalidad, liderazgo sereno, solvencia jurídica y una profunda conciencia del papel del Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad, los derechos de la ciudadanía, y muy especialmente de todas las víctimas, así como en la preservación de la confianza pública”.
