La organización sindical USO ha pedido la renuncia de Santiago Díaz Fraile, director de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), después de que un fallo judicial condenara al Puerto y a una trabajadora a compensar a un delegado sindical por presentar en su contra dos acusaciones falsas de acoso sexual.
Según la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social nº 5 de Santander, la indemnización asciende a 42.500 euros, responsabilizando tanto a la empleada como al Puerto de forma solidaria por mantener una conducta “muy censurable”.
El magistrado critica a la APS por adoptar medidas contra el empleado, como su reubicación a más de dos kilómetros, basadas únicamente en la denuncia “sin acreditación de indicios y sin escuchar siquiera al denunciado”. Además, reprocha la sanción leve de solo dos meses impuesta a la trabajadora, a pesar de saber que sus acusaciones eran falsas, con justificaciones “incalificables” como que “no se habían provocado daños reputacionales al trabajador denunciado” o que una sanción de dos años “generaría perjuicios al departamento por déficit de efectivos”.
USO ha enfatizado la gravedad del caso desde un enfoque feminista e igualitario, señalando que una denuncia falsa por un delito tan serio como el acoso sexual no solo perjudica al acusado: también daña la credibilidad de todas las mujeres y obstaculiza que las verdaderas víctimas sean creídas, socavando la confianza en los protocolos de igualdad y causando un retroceso colectivo inaceptable.
En un pronunciamiento, el sindicato calificó esta acción del Puerto como “indisimulada y grotesca”, evidenciando que el director ha “protegido a esta trabajadora a sabiendas de la gravedad de los hechos”. Arancha Navarro, de la secretaría de Igualdad de USO en Cantabria, ha criticado la incapacidad de la dirección para gestionar con rigor los protocolos de igualdad y acoso sexual, que deberían garantizar la protección de las mujeres y la imparcialidad en el entorno laboral.
Finalmente, USO exige el cese inmediato de Santiago Díaz Fraile por parte de Cesar Díaz, presidente de la Autoridad Portuaria, y reclama medidas para reparar el daño a la imagen del sindicato y la actividad del trabajador falsamente acusado, además de solicitar formación obligatoria en igualdad para los directivos y mandos intermedios.










