Desde este viernes, la Audiencia Provincial de Almería será sede del juicio por jurado a T.G.S., un hombre de 57 años acusado de asesinar a puñaladas en la vía pública a una empresaria de un pub en Dalías, Almería.
El imputado tenía vigente una orden de alejamiento contra la víctima, tras intentar incendiar su establecimiento meses atrás.
El acusado, que previsiblemente será el primero en testificar, se expone a una condena de hasta 20 años por asesinato, solicitud de la acusación particular formada por la familia de la difunta. Por su parte, la Fiscalía le imputa homicidio y propone una pena de 15 años.
Presidido por el magistrado Luis Columna, el juicio se extenderá durante tres días, y se escucharán los testimonios del acusado, nueve testigos, diez agentes de la Guardia Civil y cinco parejas de peritos forenses, según el informe de hechos procesables obtenido por Europa Press.
El jurado deberá evaluar si el acusado es culpable de homicidio o asesinato, ya que la acusación particular, representada por el abogado Francisco López Gutiérrez, cree que el acusado planeó el crimen con antelación para que Mari Ángeles R.G. no pudiera defenderse.
La acusación particular solicita 19 años por asesinato y un año adicional por violar la orden de alejamiento, ya incumplida previamente. La familia de la víctima comparte esta petición, mientras que la defensa solicita la absolución total.
El asesinato ocurrió la tarde del 25 de julio de 2023, cuando, según la investigación, el acusado fue a una tienda a afilar un cuchillo de cocina, con el que posteriormente atacaría a la víctima en la plaza del Olmo, en el centro de Dalías.
A pesar de la prohibición judicial, el acusado se acercó a la víctima, iniciando una disputa que culminó cuando él, al grito de ‘que te mato, que te mato’, apuñaló a la mujer, causando su muerte casi instantánea por las graves lesiones infligidas.
Tras el crimen, el acusado se refugió en su casa, donde escondió el arma homicida. Fue detenido esa misma noche por la Guardia Civil.
Un día antes del crimen, el acusado había sido condenado por violar previamente la orden de alejamiento, siendo esta la segunda condena por el mismo motivo, según un fallo del 31 de mayo de 2023.
Además de las penas de cárcel y multa, la Fiscalía también solicita ocho años de libertad vigilada para el acusado y compensaciones económicas para los familiares de la víctima que suman casi medio millón de euros.
















