QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Desde este lunes, la Audiencia Nacional (AN) procesa al excomisario José Manuel Villarejo y a su colaborador Rafael Redondo por su rol en el ‘proyecto Saving’, dedicado a la investigación de presuntas anomalías en el concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa bajo la presidencia de Fernando Martín.
En el marco del ‘caso Villarejo’, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido en su escrito, que fue divulgado por Europa Press, condenas de 23 años y 6 meses de prisión para Villarejo y 18 años y 9 meses para Redondo.
Los cargos que se les imputan incluyen cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y falsedad en documento mercantil, según considera Anticorrupción.
Además, se solicita que Villarejo y Redondo compensen con 5.000 euros a cada individuo espiado como parte de la responsabilidad civil, siendo la Administración General del Estado responsable civil subsidiario. También se propone el decomiso de medio millón de euros que José Moya pagó al Grupo CENYT por el servicio.
EL COMISARIO, ‘EN ACTIVO’
Anticorrupción detalla que Moya contactó a Villarejo en julio de 2011 ‘cuando se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía’ para ayudarle a resolver un conflicto relacionado con una inversión en Martinsa-Fadesa y su presidente.
El desencuentro surgió de la compra de acciones de Martinsa-Fadesa por más de 100 millones de euros en 2007, representando el 5 por ciento de la empresa, junto con un contrato de opción de venta. A pesar de ser ejercida, ‘la opción de venta no pudo hacerse efectiva al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008, sin que, además, por la administración concursal se tuviera conocimiento de dicho contrato de opción de venta, iniciándose entonces el conflicto que enfrentó al propio Moya Sanabria con la compañía y con su presidente’, expone el escrito.
Es en ese contexto que Moya habría encargado a Villarejo investigar ‘posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa’ para usar esa información en negociaciones futuras.
Villarejo aceptó el encargo ‘a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT’, siendo uno de varios encargos investigados y no un ‘hecho aislado’ según el fiscal. ‘La organización criminal investigada estaba integrada por empleados del Grupo CENYT y administradores y apoderados de sus diversas mercantiles, entre los cuales participó materialmente en la ejecución del proyecto Saving el encausado Rafael Redondo Rodríguez, como abogado y asesor jurídico de la empresa’, se añade en el documento.
EL DESARROLLO DE ‘SAVING’
El proyecto incluía la obtención de información sobre personas relacionadas con la inversión y el concurso de acreedores, resultando en una serie de informes. Entre los investigados estaba el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, sospechoso de actuar en conjunto con Fernando Martín para perjudicar a Moya.
El fiscal relata cómo se obtuvieron los registros de llamadas de varias personas clave, incluidos los días del 1 al 18 de noviembre de 2011, revelando con quiénes se habían comunicado durante ese periodo.
Por estos servicios, Moya, a través de Persán SA, pagó a CENYT un total de 501.500 euros en varias transferencias, con facturas que ‘con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial’ alteraban los conceptos de los servicios prestados.
Finalmente, la Fiscalía solicitó cerrar el caso para el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y señaló que la responsabilidad penal de Moya había cesado debido a su fallecimiento el 18 de enero de 2021.
