El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes España planteará formalmente ante la Unión Europea la ruptura del Acuerdo de Asociación con Israel, al considerar que el Ejecutivo israelí está incumpliendo el derecho internacional.
Durante un acto celebrado en Gibraleón (Huelva) junto a la vicesecretaria general del PSOE y candidata andaluza María Jesús Montero, Sánchez ha defendido que la iniciativa no va contra la sociedad israelí, sino contra las decisiones de su Gobierno.
“Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno”, ha señalado.
“No puede ser socio de Europa”
El jefe del Ejecutivo ha sostenido que cualquier país que vulnere los principios jurídicos internacionales y los valores fundacionales de la UE no debería mantener una relación privilegiada con Bruselas.
“Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE”, ha afirmado.
Sánchez ha explicado que buscará el apoyo del resto de socios comunitarios y ha insistido en que se trata de una posición que trasciende la división ideológica.
Críticas a Netanyahu y a la guerra en Oriente Medio
Durante su intervención, el presidente del Gobierno también ha reclamado frenar las decisiones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y poner fin a los conflictos abiertos en Oriente Medio.
Según ha señalado, la guerra está provocando miles de muertes, millones de desplazados y un fuerte impacto económico internacional.
“Esta guerra es un inmenso error”, ha asegurado, antes de pedir a quienes la iniciaron que la detengan y “paren los pies a Netanyahu”.
Presión creciente en Europa
El anuncio coincide con el impulso de una Iniciativa Ciudadana Europea que logró reunir el pasado 14 de abril más de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros para reclamar la suspensión del acuerdo entre la UE e Israel.
Si se validan los apoyos recogidos, la Comisión Europea dispondrá de hasta seis meses para pronunciarse y explicar qué medidas prevé adoptar.
Con este movimiento, España eleva la presión sobre Bruselas para que revise de forma efectiva sus relaciones con Israel.