Tres jueces del Tribunal Constitucional critican a la mayoría por ignorar la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la amnistía.

Los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel han acusado a la mayoría progresista de «dar la espalda a la UE» por negarse a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la ley de amnistía, al rechazar en el Pleno que finalizó el miércoles las peticiones del PP y del Senado en ese sentido.

Así se han pronunciado Arnaldo, Tolosa y Espejel en un voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, que responde a la decisión adoptada con el apoyo de la mayoría progresista de rechazar las peticiones de PP y Senado para que el TC paralizara la tramitación de la amnistía hasta que el TJUE respondiera a las cuestiones presentadas por otros tribunales españoles o para que planteara su propia cuestión.

El Pleno resolvió que «no ha lugar» en este momento procesal a la apertura de un trámite de audiencia relativa al posible planteamiento de una cuestión prejudicial por parte del TC ante el TJUE. No obstante, aclaró que esta decisión no anticipa lo que pueda terminar resolviendo tanto «sobre la necesidad de posponer el dictado de sentencia», porque así lo justifique una «razón jurídica», como sobre una eventual consulta al TJUE, en el marco de la deliberación del Pleno sobre la amnistía.

Para estos tres magistrados, «resulta totalmente incomprensible que la mayoría haya decidido desestimar la petición de las partes de plantear una cuestión prejudicial y resolver la constitucionalidad de una norma como la ley de amnistía incumpliendo la obligación que le impone el artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la UE, apartado 3».

Según el mismo, «cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al TJUE».

«Ignorar el Derecho de la Unión en el supuesto que nos ocupa, en el que está en cuestión el Estado de Derecho, un valor fundacional que define la propia identidad de la Unión, y decidir que no es necesario plantear una cuestión prejudicial, supone no solo negar la fuerza vinculante que tiene el Tratado de la UE sino, lo que es más grave, pone de manifiesto la decisión deliberada de la mayoría de dar la espalda a la UE y a su Tribunal de Justicia», dicen.

A su juicio, «carece de justificación que cuando nos enfrentamos a una norma nacional que por primera vez en los 40 años desde nuestra adhesión (a la UE) cuestiona no solo los cimientos constitucionales de nuestro país, sino también los de la UE, la mayoría elija olvidar este compromiso en vez de cooperar con el TJUE en aras de salvaguardar los principios democráticos que compartimos y que nos unen».