Podemos vende el acuerdo sobre El Prat como una «victoria ecológica» mientras que Gobierno, Govern y Junts le restan importancia

El Gobierno y Podemos sellaron a última hora del miércoles un acuerdo que permitía salvar la votación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados a cambio de aplazar la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat al menos hasta 2031. La formación morada, que en un principio se inclinaba por votar en contra de la ley, decidió finalmente abstenerse tras obtener del Ministerio de Transportes un compromiso por escrito que deja fuera del próximo plan de inversiones aeroportuarias cualquier actuación sobre El Prat.

La medida tiene un impacto directo sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que fija las actuaciones del gestor AENA entre 2026 y 2031. Según el acuerdo, no se incluirán obras de ampliación de pistas ni de construcción de nuevas terminales durante ese periodo, más allá de actuaciones ambientales o de mantenimiento.

Con ello, se evita que el proyecto se active antes de 2031, una línea roja marcada por Podemos y por los colectivos ecologistas del área metropolitana de Barcelona, que consideran que la expansión vulneraría la protección de espacios naturales como La Ricarda, incluida en la Red Natura 2000.

«No altera los plazos previstos»

En cualquier caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha restado dramatismo al acuerdo asegurando que el compromiso alcanzado con Podemos “no altera los plazos previstos” del plan de AENA. Según Puente, “el Gobierno mantiene su hoja de ruta, pero con la garantía de que cualquier proyecto futuro cumplirá estrictamente los criterios ambientales europeos”.

Podemos, por su parte, reivindica el pacto como una “victoria ecológica y ciudadana”. Así, su secretaria general, Ione Belarra, ha subrayado que el acuerdo “pone fin a una década de incertidumbre” y demuestra que “se puede frenar un proyecto insostenible sin bloquear los avances legislativos”.

«Un acuerdo político sin efectos técnicos”

Desde la Generalitat de Catalunya se ha recibido el anuncio de acuerdo insistiendo en que los plazos del proyecto no se modifican pese al pacto entre Podemos y el Gobierno, que han calificado como “un acuerdo político sin efectos técnicos”, según fuertes del Departament de Territori. Salvador Illa, defensor de la ampliación del aeropuerto, ha dicho que es una “decisión estratégica” que permitirá a Cataluña mantener su competitividad y mejorar su conexión internacional, mientras que el Govern recuerda que el proyecto prevé una inversión de 3.200 millones de euros y contempla medidas de compensación ambiental y renaturalización en el entorno de La Ricarda.

Junts no le da validez al pacto

Por su parte, desde Junts consideran que el pacto entre Podemos y el Gobierno central “no tiene validez política” al haberse negociado “a espaldas de Cataluña” y sin contar con las instituciones catalanas. En cualquier caso, el partido liderado por Jordi Turull argumenta que el contenido real del proyecto no cambia sustancialmente y que el aplazamiento acordado con Podemos es “puro maquillaje”. “Lo esencial del plan sigue igual”, explican desde Junts, que defiende la ampliacióno del aeropuerto como proyecto estratégico para Cataluña, aunque respetando siempre el medio ambiente.

Un proyecto de largo recorrido y alta tensión política

La ampliación de El Prat, que implicaría extender la tercera pista y construir una nueva terminal satélite, ha sido uno de los proyectos más controvertidos de los últimos años en Cataluña. AENA sostiene que el aeropuerto, que en 2024 rozó los 55 millones de pasajeros, se encuentra cerca de su límite operativo y necesita crecer para mantener su competitividad internacional.

Sin embargo, la operación choca con el rechazo frontal del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, de asociaciones vecinales y de los grupos ecologistas, que alertan de los riesgos sobre el delta del Llobregat y la laguna de La Ricarda.

El nuevo compromiso político posterga de facto cualquier movimiento hasta 2031, cuando deberá redactarse el DORA IV (2032-2037). Hasta entonces, el Ejecutivo central y la Generalitat dispondrán de margen para replantear el modelo aeroportuario catalán y buscar un consenso social que ahora parece lejano.

Equilibrio entre movilidad y sostenibilidad

La negociación sobre El Prat se ha convertido en símbolo del equilibrio entre desarrollo económico y transición ecológica que atraviesa buena parte de la política de transportes del Gobierno. La Ley de Movilidad Sostenible —que el Ejecutivo quería aprobar antes de fin de año— introduce un marco estable de financiación del transporte público, promueve la movilidad activa y refuerza la coordinación entre administraciones.

Su tramitación había quedado en suspenso precisamente por las diferencias en torno a la ampliación del aeropuerto. Con el pacto sellado, la norma avanza hacia el Senado y el Ejecutivo se garantiza un respiro legislativo, aunque a costa de posponer un debate que seguirá abierto durante toda la próxima década.

Claves del debate

• El aeropuerto de Barcelona-El Prat se encuentra cerca de su límite de capacidad. En 2024 alcanzó unos 55 millones de pasajeros, lo que supone superar su umbral de aforo habitual.
• El proyecto de ampliación previsto incluye extender la tercera pista y construir nuevas infraestructuras (terminal satélite, mejoras de terminales, entre otras).
• Pero esta ampliación choca con fuertes críticas y riesgos ambientales: afecta zonas cercanas protegidas, como la laguna de La Ricarda (parte de la Red Natura 2000).
• La planificación aeroportuaria en España se articula a través de documentos reguladores como el DORA III (para el periodo 2026-2031).