QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Ana María Oramas González-Moro, más conocida como Ana Oramas, es la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados. La economista pondrá fin en las próximas semanas a su trayectoria en las Cortes Generales. Lo hace tras casi 16 años de presencia ininterrumpida.
En todo este tiempo ha vivido como legisladora hitos históricos como la crisis económica y financiera que comenzó en 2008, las movilizaciones del 15-M, un cambio en la jefatura del Estado, dos investiduras fallidas, la primera moción de censura exitosa de la democracia, una pandemia o la erupción volcánica en La Palma. La todavía diputada atiende a Demócrata en una conversación que discurre entre el balance de políticas y el análisis retrospectivo de cómo ha cambiado la técnica legislativa y la vida parlamentaria a lo largo de sus años en la Cámara Baja.
Una situación política “irrespirable”
¿Por qué decide dejarlo ahora? Lo hace atendiendo a la llamada de su partido y por la situación política en Madrid, que califica de “irrespirable”. “Hace unos meses, Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del gobierno autonómico y secretario general del partido, me dijo que me necesitaban en Canarias”. La requerían por dos aspectos. Por un lado, por su experiencia en Madrid y su conocimiento de las políticas de Estado respecto al archipiélago, pero, por otra parte, pensando en un hipotético gobierno nacionalista.
Accedió al escaño por primera vez en el verano de 2007, recién elegida (con mayoría absoluta) para un tercer mandato como alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna. Compatibilizaría el puesto de parlamentaria con su responsabilidad como primera edil hasta finales de 2008, el mismo año que revalidaba su acta en el Congreso. Y repitió en 2011, 2015… Así hasta sumar un total de 6 legislaturas.
El punto final llegará a finales de junio, cuando tiene previsto renunciar al escaño en la Cámara Baja. Apurará hasta el inicio de la legislatura en el Parlamento de Canarias (el puesto de diputado nacional no es compatible con el de parlamentario autonómico), al que se presenta el próximo 28-M como cabeza de lista de su formación por la circunscripción de Tenerife.
«Aquí en el parlamento no se negocia, se negocia en otros ámbitos»
Respecto al clima político en el Congreso, se pronuncia con cierto desencanto. “En mi trabajo intento convencer de las modificaciones en los aspectos legislativos. Cuando la política va por otra cosa, va por titulares en un pasillo, por una frase ingeniosa… Ahora si no necesitan tu voto ni siquiera se leen tu enmienda. En ese punto creo que podía aportar muchísimo más a la defensa de los intereses de Canarias desde la política regional”.
El orgullo del nuevo estatuto y del Régimen Económico y Fiscal
Si hay algo de lo que está orgullosa de todo lo conseguido en su etapa en la capital es de las reformas del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal (REF). De la primera destaca la unanimidad cosechada en el parlamento regional, así como el apoyo de PP y PSOE.
“Logramos un estatuto muy avanzado. Se reconoció que Canarias no solo eran siete islas, sino también el mar que las circunda. También competencias que no tienen o entonces no tenían otras autonomías, como la participación en la gestión de los aeropuertos, el control fitosanitario y de sanidad exterior de nuestra comunidad o las competencias de costas”. Del REF señala el blindaje de las compensaciones al transporte de pasajeros y mercancías, de los planes de empleo o las inversiones en carreteras.
Una multa para arrancar la legislatura
Su última legislatura en el Congreso arrancaba con una multa de 1.000 euros, la que le impuso su partido por no seguir la decisión de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, a comienzos de 2020. Ella votó en contra. Era la primera vez que se oponía a que un candidato fuera investido. Asegura que el voto no era contra Sánchez, al que sí apoyó en su intento de llegar a La Moncloa junto a Ciudadanos, en 2016.
“En Canarias no hay IVA, no tenemos calderas y trenes, tampoco. Nosotros planteamos la financiación gratuita de las guaguas y del tranvía”
“El problema que había, y al final mi propio partido ha reculado, es que tenía un compromiso con los votantes de Canarias de que no íbamos a apoyar un gobierno donde estuviera Podemos”. “En Venezuela hay más de 200.000 canarios; en Canarias, más de 70 mil personas retornadas de Venezuela que saben lo que fue el chavismo, que saben de la influencia de Podemos en la destrucción del tejido económico de Venezuela”. “Coalición Canaria ha reconsiderado y, desde hace ya tres años, tiene claro que no puede apoyar gobiernos, ni está dispuesto a pactar gobiernos que incluyan a los extremos: ni con Vox, ni con Podemos”.
El apoyo a los reales decretos-ley
Iniciada la legislatura, asegura que a partir de ese momento su hoja de ruta en el Congreso ha sido analizar cada proyecto de ley del Gobierno y cada proposición de ley de cualquier partido y, en función de las medidas, “si son buenas para los ciudadanos, las apoyamos”. Pone como prueba los reales decretos-ley durante la COVID. “En ese momento difícil, nos gustaran más o menos, los apoyamos”.
«Gente que hasta ahora tenía la vivienda en alquiler residencial lo va a pasar al alquiler vacacional, que no tiene ninguna limitación»
Enumera otras medidas del actual Ejecutivo que contaron con su visto bueno: la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la subida de pensiones mínimas o más reciente, la última reforma del sistema de pensiones, tramitada como real decreto-ley, una figura legislativa para cuya convalidación CC ha sido un partido confiable. Solo se han opuesto a seis del casi centenar de ellos enviados al Congreso. Entre las desavenencias, el de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público o el de medidas de ahorro y eficiencia energética, aprobado el verano pasado.
Desencuentros en materia energética
Entre las medidas de lucha contra la inflación y para atajar la crisis energética por la Guerra de Ucrania, el Gobierno incluyó en diferentes reales decretos-ley una rebaja del IVA en la factura eléctrica, ayudas para calderas colectivas o la gratuidad de algunos servicios de ferrocarril. “En Canarias no hay IVA, no tenemos calderas y trenes, tampoco”. “Nosotros planteamos la financiación gratuita de las guaguas y del tranvía”.
Esta es mi intervención de ayer en el Congreso, sobre la propuesta de impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas energéticas. pic.twitter.com/a78U5jv5pB
— Ana Oramas (@anioramas) 14 de septiembre de 2022
El Gobierno se opuso en aquel momento (sí lo incluiría, junto a otras reivindicaciones de inversión para La Palma, tras las negociaciones presupuestarias de 2022). Además, el real decreto-ley incluía algunas obligaciones en cuanto a climatización en el sector privado, algo que a su juicio no tiene nada que ver con la realidad climática del archipiélago canario.
“Antes se votaba ley a ley, se negociaban las leyes. Ahora muchas veces las negociaciones son ajenas al tema que se pretende tratar”
En materia energética, también rechazan el último impuesto a las energéticas. “No lo apoyamos porque se impuso sobre facturación y no sobre beneficio de las operadoras. En Canarias hay “siete sistemas eléctricos que no están conectados. Tienes que garantizar el suministro en cada isla”. Considera que el impuesto sobre lo facturado puede restar atractivo para las operadoras en alguno de los sistemas insulares dado su coste y eso “puede poner en riesgo el suministro en un determinado momento”.
Oposición «radical» a la Ley de Vivienda
Esta misma semana el Senado daba luz verde a la Ley de Vivienda, que tampoco cuenta con el visto bueno de CC. “Estamos radicalmente en contra de esta ley”. En su valoración del proyecto de ley que el Gobierno pactó con ERC y EH Bildu, critica que no se hayan tenido en cuenta las diferentes necesidades para resolver la problemática de la vivienda. “Hay unos disparates que va a hacer que se perjudique el acceso a los colectivos que la demandan”.
«Se han dado plazos de enmiendas de 48 horas. Ha habido convocatorias de ponencia, para analizar las enmiendas, de 24 horas…»
Denuncia electoralismo en varios de los anuncios del Ejecutivo al respecto. Primero, cuando se anuncian nuevas viviendas, “no se distingue vivienda social de Vivienda de Protección Oficial (VPO)”. “La vivienda es competencia de las comunidades autónomas. Esto tiene que ser un tema de acuerdo entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los promotores privados. A ello hay que sumarle una ficha financiera [dotación presupuestaria] del Estado para la promoción de vivienda social y de vivienda pública”.
“Ayuntamientos y comunidades, con financiación del Estado, tienen que poner suelo para vivienda social. Los sectores vulnerables nunca podrán pagar el alquiler ni adquirir una VPO. Solo pueden pagar un alquiler social”. “En VPO, lo fundamental son los módulos, que son el precio tasado al que se puede vender o alquilar esa vivienda, más el tanto por ciento de beneficio del promotor de esa promoción. Esos módulos llevan sin revisarse años. En el momento en el que se actualicen los módulos, el mercado suministrará la VPO, tanto en venta como en alquiler”.
Por otro lado, apunta a la acumulación de nuevas medidas de la Ley de Vivienda, como las limitaciones en la repercusión en el inquilino de los incrementos de costes sobre la vivienda y a las dificultades de los desahucios. “Los incrementos de los gastos de comunidad, las subidas de las hipotecas, las mayores dificultades de los desahucios en aquellos inquilinos que tienen niños, personas con discapacidad o mayores dependientes… ¿Qué va a suceder en zonas como Canarias? Gente que hasta ahora tenía la vivienda en alquiler residencial lo va a pasar al alquiler vacacional, que no tiene ninguna limitación”.
Tramitación parlamentaria, lo nunca visto
Otro de los hitos de esta legislatura es que se trata de la primera desde la restauración democrática con un Gobierno de coalición. En perspectiva comparada y con la experiencia que le da el ser una de las legisladoras con más veteranía en la Cámara Baja, Oramas sí ha detectado cambios significativos en el trabajo legislativo en este último periodo. Más allá de algunas concesiones necesarias entre los socios del Ejecutivo, cree que el deterioro no obedece al hecho de gobernar en coalición, sino a un determinado estilo de hacer política.
“Se han modificado leyes orgánicas a través de proposiciones de ley, sin los informes de órganos preceptivos. Se han dado plazos de enmiendas de 48 horas. Ha habido convocatorias de ponencia, para analizar las enmiendas, de 24 horas…”
“Antes se negociaba una ley. La ponencia duraba meses, se miraban las enmiendas de todos los grupos y se procuraba que las cosas que mejoraban las leyes se metieran con independencia del partido que la proponía”. “Ahora lo que se buscan son los apoyos. Cuando se tienen los apoyos, ya no se analiza ninguna enmienda de ningún partido”.
Negociaciones a leyes ajenas y falta de autoridad
“Antes se votaba ley a ley, se negociaban las leyes. Ahora muchas veces las negociaciones son ajenas al tema que se pretende tratar”. Trae a colación su experiencia con la Ley de bienestar animal, que estuvo en el aire hasta el último momento por la falta de acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y los socios parlamentarios habituales.
«Los insultos, las descalificaciones son continuas. Es tremendo»
“Había un tema muy importante en Canarias, los gatos asilvestrados. Se comen los lagartos y acaban con la biodiversidad canaria. Teníamos la negociación avanzadísima para permitir el control de los gatos, pero resulta que al final el Gobierno pacta los apoyos a esta ley y nos ignoran”. “Pactaron con determinados sectores catalanes, pero a cambio de inversiones en Cataluña, que no tienen nada que ver con la protección animal”.
Otra cuestión sobre la que llama la atención es lo que denomina la pérdida de “riqueza parlamentaria”, en la que el poder legislativo va perdiendo capacidades en favor del Ejecutivo. “Ahora los portavoces de las materias en el ámbito parlamentario del Gobierno no tienen capacidad para negociar una enmienda transaccional. No lo pueden hacer sin autorización del ministerio, que es el que decide”. “Aquí en el parlamento no se negocia, se negocia en otros ámbitos. El portavoz de agricultura no puede negociar una enmienda de la PAC, el de energía no puede negociar una enmienda y tiene que pedirle permiso al secretario de Estado o al ministro correspondiente”.
Hoy hemos pedido que, como excepción en #Canarias, no se aplique la ley de bienestar animal a los gatos y hurones asilvestrados. No es un tema político sino de rigor científico para proteger nuestra biodiversidad y la pervivencia de especies únicas.
— Ana Oramas (@anioramas) 16 de marzo de 2023
Aquí lo explico con detalle👇 pic.twitter.com/CmRYWGzVpp
Rememora tiempos anteriores y asegura que antes no funcionaba así. “Eso no se hacía aquí. Aquí, hasta el último momento, se intentaban negociar transaccionales, enmiendas sobre el tema de una ley. Y a veces se accedía a negociar enmiendas, aunque luego no se apoyara la ley definitivamente, porque era una enmienda buena, que mejoraba”.
“Se habla, pero no se escucha”
La falta de diálogo y la pérdida de respeto entre diputados son otras de las diferencias que salen a relucir en la conversación. “Ahora se negocia para tener los apoyos, no para mejorar una ley. Basta que la enmienda sea del PP para que Podemos y el PSOE ni la apoya. Basta que sea de Podemos para que el PP diga que no. Se habla, pero no se escucha”.
“Si la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero hubiese existido en la crisis anterior, no se habría dado el caso de las preferentes”
“Los insultos, las descalificaciones son continuas. Es tremendo. El considerar al contrincante político el enemigo, el chillar… Que no se crean que son más duros. Un Rubalcaba, una Soraya Sáenz de Santamaría, un Duran i Lleida, un Joan Tardà, un Txiki Benegas o un Alfonso Guerra podían ser mucho más duros, pero sin faltar el respecto al contrincante político. Aquí es continuo, se descalifica, se menta a la familia, se mencionan otras cosas. Eso no se había visto nunca. Nunca”.
Defensa del Cliente Financiero, un mandato que llega con retraso
De “los papeles más importantes que he jugado en estos años” resalta la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, de la que fue presidenta, en la XII Legislatura (2016-2019). Por allí pasaron durante más de un año, entre otros, directivos de banca y cajas de ahorros, políticos con diferentes responsabilidades en organismos y administraciones e incluso portavoces de colectivos de afectados.
Entre las propuestas incluidas en el dictamen de la comisión se incluyó, a propuesta de Ciudadanos, la creación de una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero.
Justo esta semana, el Congreso ha aprobado la ley por la que se crea la Autoridad independiente de defensa del cliente financiero. El proyecto, que pasará ahora al Senado, llega a su parecer “con mucho retraso”. “Fue una comisión con muchísimo consenso, a izquierda y derecha, y donde se llegaron a unas conclusiones muy importantes a las que los gobiernos tenían obligación de dar cumplimiento. Uno de los mandatos era esa figura”. “Si esta ley hubiese existido en la crisis financiera anterior, por ejemplo, el caso de las preferentes no habría existido”.
Inmigración y “ocultismo” respecto a Marruecos
Los inmigrantes menores no acompañados fueron el tema de la primera vez que Oramas hizo una pregunta en una sesión de control al Gobierno en el Pleno. La cuestión llegaba tras la crisis de los cayucos, durante la cual llegaron decenas de miles migrantes a suelo de las islas. En el archipiélago llegaron a juntarse más de 3.000 menos no acompañados y los centros de internamiento tenían una capacidad diez veces inferior. “En un primer momento ni se financió a la comunidad autónoma el dinero que costaba poder atenerlos, ni tampoco se aplicó una política de solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Más adelante sí, pero en aquel momento fue tremendo”. Pasados más de 15 años, ¿cómo es la situación actual?
“Sigue siendo muy complicada”. Denuncia la falta de entendimiento, cuando no directamente de acuerdo entre ministerios (Interior, Seguridad Social y Migraciones e Defensa) y la ausencia de una figura coordinadora, como “sí hubo con María Teresa Fernández de la Vega durante la crisis de los cayucos”.
Las políticas de y hacia Marruecos han sido otra constante en su agenda parlamentaria. Los riesgos de una posible central nuclear en suelo marroquí, las prospecciones petrolíferas en el Atlántico, las actuaciones de la flota pesquera del país vecino, las políticas de aduanas… En ese sentido tacha de “ocultismo” la situación actual respecto a Marruecos. “Sánchez, sin el visto bueno del Consejo de Ministros, con la oposición del Congreso y con contestación dentro de su partido h dado un giro en la relaciones y políticas y no sabemos a cambio de qué. Queremos saber por qué se ha hecho y a cambio de qué. No tenemos ni idea, como no la tiene Podemos, PNV o el PP”. “Tendría que ser una política de Estado”.
Ahí te dejo, Madrid
Y en su viaje de vuelta a la vida en Canarias, ¿volveremos a verla por Madrid? “No”. Lo tiene claro. “Creo que en este momento de mi vida política toca centrarme en la política autonómica. Tenemos grandes retos en los próximos cuatro años”.
¿Ni siquiera como senadora? [Clavijo, secretario general de CC y candidato al gobierno el 28-M, es en estos momentos senador por designación] Sonríe al tiempo que cierra esa vía. «No, no, yo ya he sido diputada y, además, con una proyección política muy importante».
