QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
«Comparecencia del Presidente del Gobierno, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ante el Pleno del Senado, para informar sobre el Plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo.»
Así recogía el orden del día del Pleno del Senado del pasado 6 de septiembre el punto 3.1. Que, sin embargo, será recordado como el momento en el que se produjo el primer cara a cara entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en sede parlamentaria.
Un debate motivado por la extraordinaria situación energética que atraviesa nuestro país. Por momentos opacado por el enfrentamiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición.
La guerra de Ucrania y la actitud de Rusia están poniendo en jaque a Europa y muy en especial a su política energética. «Putin está usando el gas como un arma de guerra», llegó a afirmar el presidente del Gobierno durante su intervención.
La guerra de Irán
Pero no es la primera vez que la excesiva dependencia en materia energética hacía terceros países obliga a la clase política española a pedir sacrificios a la ciudadanía con tal de evitar un agravamiento de la crisis.
Aunque Sánchez prefirió evitar ese término «no se trata de hacer grandes sacrificios, sino de adoptar pequeños cambios de hábitos para defender nuestro modelo de vida, hoy amenazado por la gestión de un autócrata».
El 16 de mayo de 1979, y por petición propia del Gobierno, se estrenaba en el Congreso el recién elegido ministro de Industria y Energía, Carlos Bustelo. En un debate monográfico sobre política energética, alentado por la grave situación que atravesaba nuestro país en esa época.
Pues tal como reconoció el ejecutivo de la UCD en el escrito que motivó su comparecencia y que remitió a la Mesa del Congreso «la situación energética española, que continúa caracterizada por una dependencia del petróleo superior al 70 por ciento del consumo total de energía primaria, se ha visto agravada en los últimos meses como consecuencia del exceso de demanda sobre las posibilidades de oferta originado por los acontecimientos de Irán«.
Desde la tribuna Bustelo afirmó que «todo responsable de la política energética de cualquier país se encuentra con el problema de convencer a sus ciudadanos de la necesidad de proceder a ahorros energéticos en función de unas necesidades futuras«. Una coyuntura en la que también se ha visto Sánchez durante los últimos meses.
En 1979 en España el 70% de la energía procedía del petróleo. Paralelamente, la media en los países que formaban la CEE, entre los que aún no figuraba España, era del 48%.
Aparentemente la situación para nuestro país en la actualidad es más alentadora. Mientras que para el conjunto de la UE el gas procedente de Rusia suponía antes del estallido del conflicto el 40% total. En España únicamente representaba el 10,7%.
En esta ocasión los recortes previstos vienen en gran medida por la exigida solidaridad con los socios comunitarios. Sánchez no dudó en recordarlo en el Senado «el objetivo que acordamos con Bruselas es el de reducir en un 7 % el consumo de gas para asegurar así que no habrá carencias de suministro ni en España ni en ningún hogar europeo».
La respuesta del gobierno
A pesar de las grandes diferencias que motivaron una y otra crisis, así como sus consecuencias a largo plazo, existen paralelismos en la manera en la que se ha tratado de afrontarlas.
En común está una misma cuestión de fondo, tratar de rebajar el consumo de energía de una fuente en concreto. En 1979 era el petróleo iraní y en 2022 el gas ruso.
Una nueva normativa para el aislamiento térmico de los edificios, la regulación de las instalaciones de calefacción, agua caliente y climatización. O un mayor rigor en las limitaciones impuestas para el uso del alumbrado público, son medidas que pueden resultar familiares, pero no cercanas del todo. Ya que fueron anunciadas por el ministro Bustelo en 1979 con el objetivo de paliar la situación, según recoge el Diario de Sesiones.
Cuatro décadas después, el Gobierno ha tenido de nuevo que poner en marcha políticas muy similares. Recogidas detalladamente en el Decreto Ley de ahorro y eficiencia energética, aprobado el pasado mes de agosto.
