QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Quedan tres días de plazo formal para que el Gobierno para remitir a las Cortes Generales su Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Ley General Presupuestaria establece el 1 de octubre como fecha tope, pero no es la primera vez que se incumple. Además, se han de cumplir previamente con pasos necesarios, como la aprobación de una senda de déficit. El Ejecutivo tiene su propio calendario y planes. ¿Cuál es?
El pasado 3 de septiembre el Ministerio de Hacienda publicó la Orden Ministerial que recogía las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado, lo que puso el reloj en marcha. Pero el verdadero pistoletazo de salida es la senda de déficit.
Fuentes de Hacienda aseguran que la ministra, María Jesús Montero, la llevará “pronto” al Congreso, previa aprobación del Consejo de Ministros. Antes, tiene previsto convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según fuentes consultadas por Demócrata, se descarta que la cita sea esta semana entrante.
Según ha podido saber Demócrata, al margen de los contactos en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, que ya se están produciendo, el Gobierno ha remitido una propuesta de techo de gasto a los grupos parlamentarios con los que aspira a llegar a un acuerdo, y éstos la están estudiando. La propuesta está sobre la mesa de ERC, Junts, BNG o Junts. De momento, el primer contacto ha empezado por los vascos.
Las mismas fuentes del Ministerio de Hacienda explican que no renuncian a aprobar una nueva senda de déficit, pero si no es posible por la oposición de los grupos, se armará el proyecto de ley de Presupuestos con la senda antigua; y recuerdan además que la ley establece que, sin senda, se activa el equilibrio presupuestario, lo que daría menos margen a las Comunidades Autónomas. “Es increíble que el Gobierno quiera dar más capacidad a las autonomías y digan que no…”, señalan.
En lo que respecta al proceso formal, tal y como se establece en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una vez que el Consejo de Ministros apruebe estos objetivos de estabilidad presupuestaria, el acuerdo se remitirá al Congreso de los Diputados.
En caso de que la Cámara Baja lo rechazase, el Ejecutivo deberá remitir uno nuevo en el plazo de un mes. Si se aprobase en el Congreso, llegaría el turno del Senado, que ya no dispone de veto al techo de gasto. Si la Cámara Alta votara en contra, como se prevé dada la mayoría absoluta del Partido Popular, regresaría al Congreso, donde solo se necesitaría una mayoría simple (más síes que noes).
Llegar, llegarán
María Jesús Montero trata de despejar dudas cada vez que se le pregunta si presentará un proyecto de Presupuestos “Rotundamente sí”, repite. Ya con la senda de déficit definida y tras recolectar toda la información de las diferentes fuentes tras la Orden Ministerial, Hacienda elaborará un anteproyecto de ley que se someterá al Consejo de Ministros para ser remitido como proyecto de ley al Congreso.
La tramitación parlamentaria es similar a otros proyectos de ley, aunque con la especificidad de que se les dará prioridad. La Mesa debe calificarlo y los grupos dispondrán de 15 días para presentar enmiendas, que podrán ser de totalidad o al articulado. Si hubiera de totalidad, que necesariamente serán de devolución y no de texto alternativo, se celebraría un Pleno y, en caso de que prosperase dicha enmienda, los Presupuestos decaerían.
Para que sus señorías estén informados de los pormenores de las cuentas del Estado, los grupos podrán solicitar que comparezcan en comisión autoridades de la administración con rango inferior al de ministro (secretarios de Estado, directores generales…), así como responsables del sector público estatal, como RTVE o la AIRef. También el gobernador del Banco de España también hará lo propio para informar sobre la coyuntura económica.
Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas y celebradas las comparecencias, los PGE se someten a su primer debate parlamentario: el Debate de Totalidad ante el Pleno del Congreso.
Superada esta fase, la Comisión de Presupuestos dispone de 15 días para elaborar un dictamen que será sometido a debate y votación en Pleno para, después, continuar la tramitación en el Senado.
Si la Cámara Alta da su ‘ok’, algo altamente improbable dada la mayoría absoluta del PP, los PGE se publican directamente en el BOE para su entrada en vigor. En caso de que se introdujeran enmiendas, los Presupuestos regresan al Congreso para su estadio final.
La tirita de Sánchez
¿Qué ocurre si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2026? La respuesta la dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de septiembre: “Si los tumban, seguiremos con los que tenemos”.
Fuentes de Moncloa explican a Demócrata que Sánchez, más que asumir que el Gobierno sería incapaz de sumar los votos necesarios, pretendía mandar un mensaje: el hecho de que no se aprobasen cuentas nuevas no implica necesariamente el fin de la legislatura y la convocatoria adelantada de elecciones.
El Gobierno es consciente que hay partidos que pretenden “echar el resto” en las negociaciones porque aventuran que Sánchez disolvería Cortes si no logra aprobar unos Presupuestos, pero no es el caso. “Sánchez quiso decir a los grupos que los PGE no condicionan el fin de la legislatura”, concluyen.
