QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
María Luisa Carcedo, exministra socialista de Sanidad y Consumo, será la nueva presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. La candidata propuesta por el PSOE cogerá el relevo de otra exministra, Magdalena Valerio, que salió del Congreso el pasado octubre para presidir el Consejo de Estado.
Carcedo, médica de profesión, asume la presidencia de una de las comisiones con más visibilidad pública tras una larga experiencia parlamentaria. Elegida diputada por Asturias, en 2004, su primera intervención en el Pleno fue en relación al proyecto de ley por el que se reguló el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Entre el Congreso y el Senado
En 2008 revalidó su escaño aunque renunció al acta pocos meses después. Esta no sería la última vez que Carcedo, de forma voluntaria, abandonaría el Congreso. Lo volvió a hacer a finales de la X Legislatura (2011-2016) en la que también salió electa diputada. Cuando en septiembre de 2015 dio el salto al Senado tras ser elegida senadora por designación territorial por Asturias. Su puesto en el Congreso lo ocupó el ahora presidente del Principado, Adrián Barbón. Pero antes de cambiar de Cámara, Carcedo llevó a cabo una intensa labor de oposición al gobierno de mayoría de Mariano Rajoy desde el Congreso.
La acción de la diputada socialista en ese periodo se cimentó en dos ejes, la política industrial, por la vinculación con su tierra, y la protección de los derechos sociales, y en especial la infancia, debido a la crisis económica que atravesaba el país.
Una muestra de ello es el debate que mantuvo con Ana Mato, entonces ministra de Sanidad – cargo que acabaría desempeñando años después la propia Carcedo- en el marco de una interpelación sobre la agenda social del Gobierno popular.
Aprobación del art. 155
En el Senado se mantuvo Carcedo hasta 2018, cuando fue nombrada alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Allí vivió en primera persona el episodio de mayor relevancia que se recuerda en la Cámara alta, la aprobación de la aplicación del art. 155 de la Constitución en Cataluña. Pues formó parte de la ponencia que elaboró el dictamen que se sometió al Pleno para su aprobación.
Poco después, en una sesión de control al Ejecutivo, preguntó a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre los planes que tenía el Gobierno al frente de sus responsabilidades en la Generalitat de Cataluña hasta las elecciones del 21 de diciembre de 2017.
La vicepresidenta respondió que se resumían fundamentalmente en cumplir los objetivos para «los que obtuvimos la autorización mayoritaria de esta Cámara».
Carcedo, por su parte, en la replica expresó cuales eran para ella los dos objetivos fundamentales a los que se enfrentaba el sistema: recuperar la la normalidad institucional en Cataluña y recuperar el clima de confianza quebrado.
Del legislativo al ejecutivo
Antes de que el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez a Rajoy llevase a Carcedo de la tarea legislativa a la ejecutiva, fue la voz del Grupo Socialista que instó al Gobierno de Rajoy a «recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria, garantizar la accesibilidad en condiciones de igualdad y mejorar la calidad de los servicios» en abril de 2018.
Precisamente, recuperar la sanidad universal, fue una de las primeras medidas que tomo el ejecutivo de Sánchez. Carcedo asumió la cartera de Sanidad en septiembre de 2018 tras la dimisión de Carmen Montón por el escándalo del caso Máster. Sin embargo, Sánchez no contó con ella para el primer Gobierno de coalición.
Carcedo no se mantuvo en el Consejo de Ministros, pero volvió al Congreso en 2019, desde donde defendió gran parte de las iniciativas emprendidas en su etapa como ministra. La ley de la Eutanasia se hizo realidad con Carolina Darias como titular de Sanidad, sin embargo, el día de su aprobación en el Pleno todos los aplausos de la bancada socialista se dirigieron a ella, que los agradeció visiblemente emocionada.
Desde finales del año pasado, Carcedo es vocal de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que ahora presidirá, y en la que consta como diputada adscrita entre 2012 y 2015. La veterana diputada tampoco es novata en la tarea de presidir una Comisión, pues ha ocupado ese cargo en la de Política Territorial desde otoño de 2021.
