Varias entidades en defensa del derecho a la vivienda han denunciado que el Ayuntamiento de Palma está difundiendo datos "falsa y sin fundamento" sobre el supuesto riesgo de que la antigua prisión okupada pueda convertirse en un foco de transmisión del hantavirus.
En una nota pública, el colectivo sostiene que esta referencia, incluida en el informe municipal que desestima las alegaciones contra el desalojo del inmueble, se ha utilizado para "manipular y engañar a la opinión pública para desarticular la solidaridad y deshumanizar" a quienes residen en el complejo.
Según estas entidades, este tipo de mensajes contribuye a alimentar el rechazo y la estigmatización hacia las personas que viven en la antigua cárcel.
Asimismo, tras la decisión del Consistorio de conceder cinco días hábiles, hasta el próximo miércoles, para abandonar el edificio antes de acudir a la vía judicial, las organizaciones han rechazado el argumento de que el desalojo sea voluntario. "Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle", han subrayado.
Las entidades han insistido en que no es cierto que a partir del lunes nadie pueda ser expulsado del recinto. Por un lado, recuerdan, porque el periodo concedido para el abandono voluntario de la antigua prisión todavía seguirá vigente, y por otro, porque el procedimiento administrativo aún no ha concluido.
Han remarcado que el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones de unos 40 habitantes del centro, entre ellos solicitantes de asilo, personas en situación de extrema vulnerabilidad y jóvenes que fueron menores tutelados y que, al cumplir 18 años, quedaron sin recursos y sin vivienda.
Estas personas, han puntualizado las entidades, mantienen la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano que ha emitido la resolución, para lo cual disponen de un plazo de un mes. Posteriormente, también pueden acudir a la vía contencioso-administrativa mediante un recurso de alzada una vez se resuelva el primero.
El colectivo ha vuelto a incidir en que a ninguno de estos residentes se le ha ofrecido una alternativa habitacional real por parte de la administración.