La plataforma de reparto Glovo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 436 repartidores, una cifra inferior a los 766 despidos planteados inicialmente por la compañía.
El pacto llega tras días de negociación y una primera huelga en la empresa, en un contexto de fuerte tensión laboral después del giro de Glovo hacia un modelo de empleo asalariado en 2025, abandonando el sistema de autónomos tras años de litigios y sanciones de la Inspección de Trabajo.
Menos despidos de los previstos
El ajuste final reduce en cerca de 300 personas el impacto previsto inicialmente en una plantilla actual de la compañía que ronda los 11.000 trabajadores.
De los 436 despidos, 68 podrían evitarse mediante recolocaciones voluntarias, que consisten en trasladar repartidores desde ciudades más pequeñas a municipios de mayor tamaño situados a una distancia máxima de unos 19 kilómetros.
Presencia en múltiples provincias
Glovo ha argumentado que la reorganización responde a la necesidad de reducir su actividad en más de 60 localidades para evitar el cierre de operaciones en determinadas zonas, manteniendo sin cambios su servicio en más de 800 ciudades en España.
El ERE afecta a provincias como Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Alicante, Cáceres, Badajoz, Girona, Tarragona, Ciudad Real, Guadalajara y Gipuzkoa, además de Ceuta y Melilla.
Indemnizaciones mejoradas
Uno de los puntos clave del acuerdo es la mejora de las condiciones indemnizatorias. Los trabajadores afectados recibirán 37 días por año trabajado, por encima del máximo habitual en despidos improcedentes.
En aquellos territorios donde no exista posibilidad de recolocación, la compensación podrá elevarse hasta 42 días por año trabajado.
Además, el acuerdo incorpora un elemento especialmente relevante: el cómputo de los periodos trabajados como autónomos dentro del cálculo de la indemnización, algo que los sindicatos venían reclamando desde hace tiempo.
Un acuerdo tras meses de conflicto laboral
El pacto se produce en un momento de transformación profunda de la empresa, que en el último año ha pasado a operar bajo un esquema de empleo asalariado tras años de controversia con la normativa laboral española.
El proceso de negociación ha estado acompañado por protestas de trabajadores y sindicatos, que denunciaban el impacto del ajuste en las condiciones laborales del sector de la distribución a domicilio.