Compromís en el Ayuntamiento de València sostiene que, en relación con la presunta prevaricación que investiga la Fiscalía por la recolocación de personal público, “queda clarísimo que esta operación ha sido urdida” por la alcaldesa, María José Catalá, y “manipulada” por el concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano.
Así lo ha manifestado la portavoz municipal de la coalición, Papi Robles, que este miércoles ha ampliado ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia registrada el pasado mes de febrero sobre la supuesta prevaricación en el seno del equipo de gobierno de la ciudad, encabezado por la ‘popular’ María José Catalá y sustentado por PP y Vox, por “la presunta colocación a dedo de cargos en instituciones públicas” de València. Compromís reclama además que el procedimiento abierto a raíz de esa denuncia incluya también la investigación del concejal Marí Olano (PP).
La formación ha añadido ahora a su escrito dos elementos que considera “clave”: los audios de Marí Olano “conocidos en las últimas horas” y el acta del pleno del 25 de septiembre de 2024, en el que se debatieron dos mociones de la oposición —de Compromís y PSPV— sobre la recolocación de extrabajadores del Consorcio 2027 como empleados públicos, una iniciativa que el gobierno municipal rechazó, apoyándose también en un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento a la subrogación.
Este martes, antes de trascender esos audios de José Marí Olano, se hizo público que la Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación penal contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, por presunta prevaricación vinculada a una supuesta recolocación “a dedo” de personal del extinto Consorcio Valencia 2007. La investigación se extiende igualmente a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y a cuatro empleados públicos.
Compromís afirma que la nueva documentación aportada “confirma la implicación del concejal de Grandes Proyectos --y Contratación--, José Marí Olano, como principal cerebro” de una “operación presuntamente ilegal”.
La portavoz del grupo, Papi Robles, que ha comparecido ante los medios tras formalizar la ampliación de la denuncia, ha señalado que los audios del edil “dejan negro sobre blanco que todo esto es una operación urdida en una mesa en el Puerto de València entre Mar Chao y María José Catalá”. “Queda clarísimo que esto no es una casualidad. Esto estuvo plenamente organizado”, ha remarcado.
Desde Compromís han subrayado, además, que Marí Olano “trató de arrastrar a otra entidad pública” del consistorio, la empresa Aumsa, dependiente de la Concejalía de Urbanismo. Robles ha indicado que en las grabaciones del concejal “se puede escuchar que intentaron también poner plazas --de trabajo-- a disposición en Aumsa”, aunque ha destacado que esta sociedad “curiosamente se negó”. “Habrá que preguntar a --el concejal de Urbanismo, Juan-- Giner (PP) si fue más inteligente y no se dejó untar en toda esta operación”, ha manifestado.
Papi Robles, que considera que María José Catalá “ha sido una de las principales gestores” de esta actuación, ha detallado que en el acta del pleno de septiembre de 2024 incorporada a la denuncia, Marí Olano “deja clarísimo” que “actuaba por indicación de la alcaldesa”, a partir de una “solicitud directa”. “Queda clarísimo que esta operación ha sido urdida por María José Catalá y manipulada por José Marí Olano”, ha insistido.
“Y por eso, en esta ampliación, también pedimos la imputación directa de José María Olano porque queda claro que él ha participado directamente de toda la operación”, ha proseguido la portavoz. Compromís sostiene que “no se puede entender esta trama sin el papel central de --Marí-- Olano” y rechaza las explicaciones ofrecidas hasta ahora por la alcaldesa.
“Intentando desviar la atención” y acusaciones de clientelismo
“Catalá está mintiendo e intentando desviar la atención”, han afirmado desde la coalición, que insiste en que “esta operación de clientelismo es anterior a cualquier moción del pleno”. Compromís recuerda, como ya hizo este martes, que las iniciativas de la oposición citadas por la alcaldesa se abordaron en el pleno de septiembre de 2024, mientras que “las convocatorias concertadas objeto de denuncia ya se habían realizado en abril” y “ya se habían consumado”. La formación recalca que “incluso, hay un acta notarial previa que ya advertía de lo que iba a pasar”.
“Esta es la manera de proceder del PP. Rita Barberá ya hizo de este ayuntamiento su chiringuito particular y María José Catalá, en menos de tres años, ya ha conseguido tener cinco investigados por la Fiscalía a día de hoy. Y el seis está en camino”, ha afirmado Robles.
La edil ha apuntado que “el problema de fondo es la gestión de la Marina”, el espacio cuya gestión asumía el Consorcio Valencia 2007. “Mientras nosotros apostábamos por un modelo público y por subrogar a los trabajadores, Catalá decidió privatizarla para utilizarla” y contratar “a sus amigos haciendo diferentes trampas”, ha añadido, al tiempo que ha aludido a “plazas preparadas para una selección a dedo”.
En relación con el trabajador que accedió a un puesto en la administración local, Robles ha señalado: “Hoy sabemos que probablemente no era público, uno de los requisitos para entrar a trabajar. Estamos ante la operación de corrupción más grande que ha vivido el gobierno de María José Catalá. Hoy comienza el final de su mandato y del PP” en el Ayuntamiento.
Asimismo, ha defendido que durante los ocho años de gobierno de Compromís en el consistorio, tanto desde la Alcaldía como desde diferentes concejalías, se llevó a cabo una gestión “impoluta”. Y ha asegurado que el Ayuntamiento “no es el espacio de los amiguetes de Catalá”.
Petición de comisión de investigación y foco en el Puerto
Robles ha avanzado que la alcaldesa tendrá que rendir cuentas en el pleno municipal, donde Compromís registrará una moción para constituir una comisión de investigación sobre estos hechos. “La ciudad merece conocer toda la verdad”, ha recalcado.
Compromís critica también que el gobierno local trate de situar “el foco” del caso en el Puerto de València cuando, según la coalición, se trata de “una operación concertada” con esta institución “para colocar a personas concretas”. “Estaba todo preparado: cuando tenían aseguradas las plazas, se retiraban del resto de procesos. Esto no es casualidad, es un sistema”, ha apuntado.
“Cuando ven que van a extinguir el Consorcio, preparan siete plazas públicas de manera coordinada entre el Puerto y el Ayuntamiento”, ha añadido, subrayando que “la única intencionalidad era situar personas en un lugar público”.
“Nosotros teníamos clarísimo que el Consorcio tenía trabajadores que tenían que trabajar para la administración pública todos de manera igualitaria y Catalá lo que ha hecho es elegir a dedo a su gente de confianza y colocarlos mientras el resto se fue a la calle”, ha concluido, recordando además que “es el fiscal quien ha dicho claramente que esto se debe investigar”.