QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la Proposición de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar para recuperar la jurisdicción universal de manera que los tribunales españoles puedan perseguir violaciones de derechos humanos y graves crímenes tales como genocidio o lesa humanidad.
Los 178 síes de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria se han impuesto a los 168 noes de PP, Vox y UPN (se han emitido 346 votos).
No se ha impulsado ad hoc, pero durante todo el debate parlamentario el conflicto entre Israel y Palestina ha estado muy presente puesto que este texto permitiría juzgar los crímenes del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu sobre el pueblo palestino, según Enrique Santiago, diputado de Sumar encargado de defender la PL.
Santiago ha razonado que si bien “siempre ha habido voces contra la jurisdicción universal, oponerse a ello es facilitar la impunidad de los que violentan los Derechos Humanos” y «la soberanía nacional nunca puede ser una excusa para que las víctimas se queden sin el derecho a la justicia y a la reparación”.
No se ha impulsado ad hoc, pero durante todo el debate parlamentario el conflicto entre Israel y Palestina ha estado muy presente puesto que este texto permitiría juzgar los crímenes del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu
La diputada del PSOE, Hana Jalloul ha argumentado que su grupo apoya la proposición de ley esgrimiendo que “algunos delitos no pueden, ni deben, quedar impunes”. En su intervención, ha defendido la necesidad de recuperar el concepto de jurisdicción universal, cercenado por la reforma acometida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
Todos los socios habituales del Gobierno han respaldado la medida. Teresa Jordá, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha recordado que su formación ya planteó algo semejante en 2017; mientras que el diputado de Junts, Josep María Cervera ha insistido en que no es una iniciativa nueva y ha anticipado que registrarán enmiendas para ajustarla y mejorarla durante el trámite parlamentario.
Al comienzo de la legislatura, el PNV registró tres proposiciones de ley, encontrándose entre ellas una que plantea modificar el artículo 23 de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar la regulación de la jurisdicción universal.
Por su parte, EH Bildu ha celebrado lo que considera “un paso en positivo” en favor de la justicia internacional y de evitar la impunidad.
No obstante, el diputado Jon Inarritu ha verbalizado que su bancada teme que el texto no consuma las diferentes etapas en el camino hacia el BOE y permanezca congelado “como ya ocurrió en el pasado”, ha remachado.
Delitos susceptibles de ser juzgados
La Justicia española será competente para conocer de los hechos cometidos fuera del territorio nacional siempre que dicha responsabilidad esté prevista en la legislación interna. En concreto, estos son los delitos susceptibles de tipificarse:
- Genocidio.
- Crímenes de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
- Desaparición forzada.
- Delitos de tortura y contra la integridad moral.
- Terrorismo.
- Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves.
- Trata de seres humanos.
- Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas de menores de edad incapaces.
- Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
- Delitos relativos a la mutilación genital femenina.
- Los delitos graves contra los recursos naturales y el medio ambiente.
- Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil.
- Aquellos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares.
- Delitos relacionados con violencias machistas siempre y cuando el procedimiento se dirija contra un español, un extranjero que resida habitualmente en España o la víctima tuviera nacionalidad española o tenga su residencia habitual en territorio nacional.
- Delitos de apartheid.
- Esclavitud.
- Cualquier delito que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.
Relación acreditada con España
El texto establece como condición sine qua non que, para que los tribunales españoles puedan conocer los antecitados delitos, deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España, que existen víctimas de nacionalidad española o cualquier vínculo de los hechos con España.
Además, no puede haber un procedimiento judicial con garantías abierto en otro país o en el seno de un tribunal internacional, salvo en el caso del genocidio.
El texto permite mediante una disposición transitoria que los tribunales reabran de oficio casos archivados a raíz de la reforma del PP en 2014.
