QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Para evitar una segunda derrota en 48 horas y el fracaso del primer proyecto de ley de un Gobierno de Pedro Sánchez desde sus fallidos Presupuestos de 2019, el Gobierno ha retirado del orden del día del Pleno del Congreso el debate de totalidad de la reforma de la Ley del Suelo.
El Ejecutivo ha comunicado a la Cámara esta decisión minutos antes del comienzo del debate, previsto este jueves a partir de las 9 horas.
La reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana afrontaba su primera votación parlamentaria, con el debate de las enmiendas de totalidad de Esquerra Republicana, Junts y Podemos, que pedían su devolución.
El rechazo de sus aliados parlamentarios, al que se había unido también su propio socio de Gobierno, Sumar, dejaba la iniciativa a expensas del Partido Popular. El Ministerio de Vivienda contaba con, al menos, la abstención de los ‘populares’, con los que asegura haber empezado a hablar de enmiendas parciales hasta la semana pasada.
La propia vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, responsable en materia de Vivienda, había anunciado hace semanas propuestas concretas para modificar la norma en el Congreso, dando a entender que aceptaría su tramitación y, a partir de ahí, introducir cambios. En una entrevista esta semana con Demócrata la propia Martín detallaba estas medidas.
Vivienda asegura que el PP se ha resistido a aclarar en las últimas su posición. «No nos ha querido aclarar. Quería jugar con esta situación», ha criticado la ministra Isabel Rodríguez, que ha descrito la situación vivida estos días en un «espectáculo de la intriga» en declaraciones a los medios en el patio del Congreso.
Fuentes del Ministerio han señalado que se llegó a llamar a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, alcaldesa ‘popular’ de Jerez, sin obtener respuesta.
La ministra ha centrado sus críticas en el PP, ya que contaba con sacar adelante la reforma con su apoyo o abstención, al compartir la necesidad de dar más estabilidad y garantía de permanencia a los planes urbanísticos. «Sabe que es una buena ley y que le está haciendo un roto a ayuntamientos y comunidades autónomas«, ha dicho.
¿Y ahora qué?
Pese a retirar el proyecto del Congreso, el Ministerio de Vivienda no renuncia a la reforma. Esperará, en todo caso, a tener asegurados los apoyos. «Pongo la norma a disposición de todos los grupos para que, cuando pase el furor electoral, puedan tomar como referencia un texto muy bueno y no perdamos esta oportunidad», ha declarado Rodríguez.
La ministra ha pedido al PP «reconsiderar su posición». «Espero que después de las elecciones (europeas) pueda reflexionar y atender a las demandas de las comunidades autónomas y ayuntamientos», ha dicho Rodríguez, recordando que la reforma parte de una petición lanzada por las propias entidades locales.
«Confiar en el PP tiene estas cosas»
En los pasillos del Congreso, Sumar ha celebrado la decisión de Vivienda de retirar el proyecto. El diputado Alberto Ibáñez ha emplazado al ministerio a modificar la propuesta «sin ningún tipo de dramas» y a atender las observaciones realizadas por su formación.
Íñigo Errejón, portavoz del grupo parlamentario, ha criticado que el PSOE haya confiado en que «el PP les sacara las castañas del fuego» pues cree que «cuando uno se pone en manos del PP pasan estas cosas». En Sumar sostienen que, desde la aprobación en Consejo de Ministros, han venido advirtiendo al PSOE de esta situación y que no sería posible sacar adelante.
En Vivienda, sin embargo, aseguran que Sumar no expuso observaciones en Consejo de Ministros y que tampoco llevaron este conflicto a la reunión de seguimiento de la coalición entre los socios la semana pasada.
Los socios pedían su devolución
El proyecto de ley afrontaba su primera votación, la de sus enmiendas a la totalidad, con tres socios de investidura solicitando su devolución: ERC, Junts y Podemos. El PSOE decidió dar carpetazo a este plazo a finales de marzo, en plena precampaña de las elecciones catalanas, hecho que para ERC supuso ya «una desagradable sorpresa».
En esta formación justificaron su enmienda por desoír el Gobierno toda consideración de la Generalitat de Catalunya ante posibles invasiones competenciales y la «falta de transparencia» al preparar la norma con ERC y el propio Govern.
Desde Junts, por su parte, recordaron que el Estatut reconoce las competencias de urbanismo como competencia exclusiva autonómica y ven una «extralimitación inaceptable» la invocación del Gobierno a la garantía de igualdad de todos los españoles para justificar la norma.
Por otro lado, Podemos justificó su enmienda en que la reforma supone «volver a la cultura del ‘pelotazo'». Los ‘morados’, al igual que las formaciones independentistas, no se refieren a la reforma para salvar planeamientos urbanísticos, sino en las medidas que complementan la iniciativa.
Claves del proyecto
El proyecto de ley reforma la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, fundamentalmente para evitar la anulación total de los planes generales de ordenación urbana por cualquier defectos de forma y de procedimiento, y la de todos los actos administrativos que lo desarrollan.
Los planes urbanísticos tienen la misma consideración que la de un reglamento, y eso conlleva que cualquier vicio implica su nulidad de pleno derecho. Para evitar que eso ocurra, el Ministerio de Vivienda distingue una serie de supuestos formales o de procedimiento que conllevarían la nulidad. Cualquier otro implicaría su posible anulabilidad pero podría ser subsanado en el plazo de un año, con prórroga de seis meses.
Además, se acotan las consecuencias de una anulación, al posibilitar anulaciones parciales –cuando el vicio causante pueda acotarse a un ámbito territorial o afecte a preceptos sin relevancia con el resto del plan– y evita la nulidad en cascada al salvar actos o disposiciones que desarrollen el plan cuando no tengan relación directa con la causa de anulación.
La reforma es una vieja reivindicación de las administraciones autonómicas y locales ante la fragilidad de estos instrumentos, especialmente tras el esfuerzo que exige su aprobación. La anulación de planes y la facilidad con la que son anulados ha provocado, aseguran en el Ministerio de Vivienda, que muchos responsables municipales no se impulsen a renovar sus planes, lo que provoca que muchos de los vigentes estén, en la práctica, desfasados y no atiendan a las necesidades actuales de movilidad o vivienda de las ciudades.
En este Ministerio señalan cómo la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) impulsó por unanimidad un manifiesto solicitando esta reforma, a la que se adhirieron la práctica totalidad de comunidades autónomas, entre ellas la Xunta de Galicia gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué otras medidas incluye el proyecto?
Junto a las modificaciones ya mencionadas, el proyecto altera el régimen de permisos de determinadas actuaciones urbanísticas, al convertir el silencio negativo al que están sujetas en silencio positivo. Este cambio implica que no se exige el visto bueno expreso de la Administración. Si en un determinado plazo ésta no se ha pronunciado desfavorablemente, el interesado tendrá vía libre para acometer la actuación.
En la presentación del proyecto, el Gobierno aseguró que el único cambio en este sentido es en las obras de edificación de nueva planta cuando se trate de vivienda protegida promovida por el sector público.
Sin embargo, la modificación de la Ley del Suelo también afecta a una batería de actuaciones que, cuando se proyecten sobre suelos en situación de urbanizado (no rural), estarán sometidos a silencio administrativo positivo. Es el caso de movimientos de tierras, explanaciones, construcciones e instalaciones de nueva planta o ubicación de casas prefabricadas.
Desde el Ministerio justifican este cambio en la incapacidad de la legislación estatal de determinar procedimientos en materia urbanismo, atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2017 anuló varios preceptos de esta norma. Los movimientos de tierra y explanaciones, en todo caso, habían quedado fuera de la anulación.
Esta modificación solivianta a Podemos y Sumar. Los primeros ya advirtieron a Vivienda de que, si llevaba el proyecto en las mismas condiciones que la pasada legislatura –no llegó al Congreso pero sí se presentó un borrador–. Y los segundos, que ya presentaron observaciones en el Consejo de Ministros para evidenciar su disconformidad, han decidido apoyar las enmiendas a la totalidad para tumbar la norma.
Ambas formaciones critican que se limite la capacidad de intervención de la Administración y también ponen el foco en otra de las medidas que contiene el proyecto: los límites a la capacidad de la ciudadanía para actuar contra los planes urbanísticos.
Los cambios en la acción pública
Para dar más estabilidad a los planes urbanísticos, el Ministerio de Vivienda propone cambios en el recurso de la acción pública para recurrir administrativa y judicialmente los planes urbanísticos.
La reforma prevé que sólo se podrá actuar contra aspectos materiales o sustantivos del plan y sólo será posible recurrir vicios formales si se acredita una relevancia e influencia significativa sobre estos aspectos materiales.
También limita la posibilidad de ser reconocido como parte interesada a haber iniciado el procedimiento y establece un plazo máximo de cuatro años para poder recurrir los planes de forma indirecta (cuando se impugna el plan recurriendo un acto administrativo derivado del propio plan). Este recurso indirecto sólo podrá basarse en vicios de ilegalidad material, por lo que cualquier vicio formal o de procedimiento sólo podrá impugnarse de forma directa, lo que tiene un plazo temporal mucho menor.
Desde Vivienda niegan que la acción popular se vea afectada con la propuesta y justifican las medidas para evitar las «extorsiones» que, aseguran, han sido «práctica habitual» durante los últimos años, a través de despachos especializados, para lograr intereses particulares en la tramitación de los planes.
Respecto a la limitación temporal para recurrir de forma indirecta, esgrimen que el plazo de cuatro años es el establecido en el Código Civil para ejercer acciones resarcitorias y su reducción es una propia recomendación del Consejo de Estado.
Derecho de reversión
El otro punto polémico de la reforma era la regulación en la propia Ley del Suelo y en la Ley de Expropiación Forzosa de la posibilidad de cancelar el derecho de reversión de aquellas personas afectadas por expropiaciones para acometer desarrollos urbanísticos. El proyecto prevé una serie de supuestos para poder cancelar la constancia registral de este derecho, con la cancelación del mismo en cualquier caso una vez transcurran 30 años.
Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que no existe ninguna regulación sobre estos derechos, que ya cuenta con supuestos en la propia Ley de Expropiación Forzosa, y que la reforma sólo prevé una fórmula para su cancelación registral.
Desde Podemos, sin embargo, explican esta medida en las complicaciones que suponen estos derechos de reversión para ejecutar traspasos de terrenos en operaciones urbanísticas. Concretamente, ponen de ejemplo los recursos abiertos por la Operación Chamartín en el norte de Madrid, por los terrenos expropiados en su día para desarrollar infraestructuras ferroviarias.
En manos del PP
La falta de acuerdo en el propio Gobierno y el rechazo de los socios parlamentarios dejaban la iniciativa en manos del PP.
Los ‘populares’ han reconocido que se trata de una ley necesaria. No en vano, el último Gobierno de Mariano Rajoy impulsó una reforma para permitir la subsanación de planes urbanísticos. Los trabajos no llegaron a ver la luz antes de la moción de censura, pero meses después el Grupo Parlamentario Popular, ya en la oposición, registró en el Congreso una proposición de ley muy similar a la impulsada ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Hace semanas, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, anunció enmiendas parciales para modificar el proyecto, dando a entender que aceptarían su tramitación en el Congreso y ahí discutir cambios con el Gobierno.
En una entrevista esta semana con Demócrata, la senadora ‘popular’ justificaba la renuncia del partido a defender enmienda a la totalidad por la necesidad de las administraciones autonómicas y locales de contar con la reforma. Defiende dar una mayor flexibilidad a los supuestos para salvar un plan y evitar anulaciones en cascada y más facilidades en la tramitación de actuaciones urbanísticas.
También extender el régimen de retroactividad previsto por el Gobierno. Vivienda plantea que los planes en vigor puedan ser subsanados con los supuestos previstos en el proyecto, salvo que estén recurridos. El PP quiere que puedan subsanarse los que estén recurridos e incluso aquellos sobre los que haya una sentencia, siempre que esta esté pendiente de ejecución.
