Para evitar una segunda derrota en 48 horas y el fracaso del primer proyecto de ley de un Gobierno de Pedro Sánchez desde sus fallidos Presupuestos de 2019, el Gobierno ha retirado del orden del día del Pleno del Congreso el debate de totalidad de la reforma de la Ley del Suelo.
El Ejecutivo ha comunicado a la Cámara esta decisión minutos antes del comienzo del debate, previsto este jueves a partir de las 9 horas.
La reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana afrontaba su primera votación parlamentaria, con el debate de las enmiendas de totalidad de Esquerra Republicana, Junts y Podemos, que pedían su devolución.
El rechazo de sus aliados parlamentarios, al que se había unido también su propio socio de Gobierno, Sumar, dejaba la iniciativa a expensas del Partido Popular. El Ministerio de Vivienda contaba con, al menos, la abstención de los ‘populares’, con los que asegura haber empezado a hablar de enmiendas parciales hasta la semana pasada.
La propia vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, responsable en materia de Vivienda, había anunciado hace semanas propuestas concretas para modificar la norma en el Congreso, dando a entender que aceptaría su tramitación y, a partir de ahí, introducir cambios. En una entrevista esta semana con Demócrata la propia Martín detallaba estas medidas.
Vivienda asegura que el PP se ha resistido a aclarar en las últimas su posición. «No nos ha querido aclarar. Quería jugar con esta situación», ha criticado la ministra Isabel Rodríguez, que ha descrito la situación vivida estos días en un «espectáculo de la intriga» en declaraciones a los medios en el patio del Congreso.
Fuentes del Ministerio han señalado que se llegó a llamar a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, alcaldesa ‘popular’ de Jerez, sin obtener respuesta.
La ministra ha centrado sus críticas en el PP, ya que contaba con sacar adelante la reforma con su apoyo o abstención, al compartir la necesidad de dar más estabilidad y garantía de permanencia a los planes urbanísticos. «Sabe que es una buena ley y que le está haciendo un roto a ayuntamientos y comunidades autónomas«, ha dicho.
¿Y ahora qué?
Pese a retirar el proyecto del Congreso, el Ministerio de Vivienda no renuncia a la reforma. Esperará, en todo caso, a tener asegurados los apoyos. «Pongo la norma a disposición de todos los grupos para que, cuando pase el furor electoral, puedan tomar como referencia un texto muy bueno y no perdamos esta oportunidad», ha declarado Rodríguez.
La ministra ha pedido al PP «reconsiderar su posición». «Espero que después de las elecciones (europeas) pueda reflexionar y atender a las demandas de las comunidades autónomas y ayuntamientos», ha dicho Rodríguez, recordando que la reforma parte de una petición lanzada por las propias entidades locales.
«Confiar en el PP tiene estas cosas»
En los pasillos del Congreso, Sumar ha celebrado la decisión de Vivienda de retirar el proyecto. El diputado Alberto Ibáñez ha emplazado al ministerio a modificar la propuesta «sin ningún tipo de dramas» y a atender las observaciones realizadas por su formación.
Íñigo Errejón, portavoz del grupo parlamentario, ha criticado que el PSOE haya confiado en que «el PP les sacara las castañas del fuego» pues cree que «cuando uno se pone en manos del PP pasan estas cosas». En Sumar sostienen que, desde la aprobación en Consejo de Ministros, han venido advirtiendo al PSOE de esta situación y que no sería posible sacar adelante.
En Vivienda, sin embargo, aseguran que Sumar no expuso observaciones en Consejo de Ministros y que tampoco llevaron este conflicto a la reunión de seguimiento de la coalición entre los socios la semana pasada.
Los socios pedían su devolución
El proyecto de ley afrontaba su primera votación, la de sus enmiendas a la totalidad, con tres socios de investidura solicitando su devolución: ERC, Junts y Podemos. El PSOE decidió dar carpetazo a este plazo a finales de marzo, en plena precampaña de las elecciones catalanas, hecho que para ERC supuso ya «una desagradable sorpresa».
En esta formación justificaron su enmienda por desoír el Gobierno toda consideración de la Generalitat de Catalunya ante posibles invasiones competenciales y la «falta de transparencia» al preparar la norma con ERC y el propio Govern.
Desde Junts, por su parte, recordaron que el Estatut reconoce las competencias de urbanismo como competencia exclusiva autonómica y ven una «extralimitación inaceptable» la invocación del Gobierno a la garantía de igualdad de todos los españoles para justificar la norma.
Por otro lado, Podemos justificó su enmienda en que la reforma supone «volver a la cultura del ‘pelotazo'». Los ‘morados’, al igual que las formaciones independentistas, no se refieren a la reforma para salvar planeamientos urbanísticos, sino en las medidas que complementan la iniciativa.
Claves del proyecto
El proyecto de ley reforma la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, fundamentalmente para evitar la anulación total de los planes generales de ordenación urbana por cualquier defectos de forma y de procedimiento, y la de todos los actos administrativos que lo desarrollan.
Los planes urbanísticos tienen la misma consideración que la de un reglamento, y eso conlleva que cualquier vicio implica su nulidad de pleno derecho. Para evitar que eso ocurra, el Ministerio de Vivienda distingue una serie de supuestos formales o de procedimiento que conllevarían la nulidad. Cualquier otro implicaría su posible anulabilidad pero podría ser subsanado en el plazo de un año, con prórroga de seis meses.
