QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Investigar «los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como otros posibles casos de corrupción, derivados de la trama investigada en la Operación Delorme». Para eso solicitó crear una comisión el Grupo Popular en el Senado , el pasado 5 de marzo, y así lo acordó el Pleno de la Cámara Alta una semana después, en su sesión del día 12 de marzo. A ese ámbito de actuación deben ceñirse tanto las peticiones de documentación como las solicitudes de comparecientes de los grupos, pues de lo contrario se estará produciendo una «alteración indebida del objeto de la investigación«.
Así lo advierte el letrado Luis de la Peña Rodríguez, adscrito a la comisión sobre el conocido como ‘caso Koldo’ constituida en el Senado la semana pasada, que recuerda que «las actuaciones han de ceñirse al mandato recibido del Pleno» de la Cámara, un mandato que a su juicio no respetan algunas de las actuaciones propuestas por populares y socialistas en sus planes de trabajo. La nota, de cinco páginas y a la que ha accedido Demócrata, se entregó ayer a la comisión de investigación, reunida para examinar los planes de trabajo registrados por los diferentes grupos y aprobar el plan definitivo por el que se regirá el funcionamiento del órgano.
El plan del PP, sin «ajustarse a las previsiones del acuerdo del Pleno»
En su propuesta de plan de trabajo, el Grupo Popular describía el objeto de la comisión en torno a tres ideas: determinar responsabilidades políticas derivadas de una «presunta organización criminal (…) vinculada con el Gobierno de Pedro Sánchez», «estudiar las presunta existencia de una red de tráfico de influencias que (…) estaría vinculada con el entorno político y familiar más cercano del presidente del Gobierno» y, «en la medida en la que pueda existir relación con la trama», esclarecer los hechos ocurridos durante la estancia en el aeropuerto de Barajas de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, en enero de 2020.
«Estamos absolutamente convencidos de que las solicitudes de información y las comparecencias tienen que ver con el objeto que aprobó el Pleno del Senado»
Luis Santamaría, portavoz del PP en la comisión
Los tres objetivos se desarrollan en tres párrafos del escrito de los populares, los mismos que el letrado de Cortes «propone suprimir» al considerar que «no parecen ajustarse a las previsiones» del acuerdo por el que el Pleno del Senado autorizó la creación de la comisión. En este punto, la nota del miembro de los servicios jurídicos de la Cámara recuerda la obligación legal que tienen los comparecientes de acudir —y las consecuencias penales de no hacerlo— si son citados, así como la importancia de preservar los derechos fundamentales de estas personas, razón por la que las actuaciones de la comisión deben estar bien delimitadas y «adecuarse al mandato recibido por el Pleno».
Esa modificación recomendada por el letrado afectaría a la lista de comparecencias del plan del PP, compuesta por 58 nombres, así como a la «solicitud de documentación relacionada con la ampliación de la investigación», que también deberían adecuarse al objeto de la comisión.
El plan del PSOE, «mismo problema de alteración indebida»
En lo que al objeto de la comisión se refiere, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista incidía durante cuatro páginas en la idea de extender el objeto a la aclaración de «los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas» durante la pandemia. Esa mención explícita a la necesidad de ampliar el ámbito es la que lleva a apreciar al letrado que el PSOE «incurre en el mismo problema de alteración indebida» ya señalado al PP.
La Letrada Mayor lo advirtió un mes antes
La disputa y confrontación en la Cámara Alta entre los dos partidos por el alcance de la comisión de investigación viene de atrás. Ya durante la fase previa, antes de su aprobación siquiera, la cuestión del objeto de los trabajos fue motivo de debate en la Mesa del Senado. En la reunión del órgano rector celebrada el 12 de marzo, el PSOE pidió ampliar el objeto de la comisión que previamente habían registrado los populares.
A ese respecto, la Letrada Mayor, Sara Sieira, presente en la sesión, señaló que no existía procedimiento alguno en el Reglamento por el que se pudiera modificar el objeto de una solicitud de creación de comisiones de investigación, «por lo que no parece que quepa su admisión a trámite«, como recoge el acta de la sesión consultada por este medio.
Preguntada por parte del vicepresidente primero, el senador del PP Javier Maroto, por la opción de que una vez creada, la comisión pudiera modificar el objeto de sus trabajos, la Letra Mayor afirmaba que tampoco cabría esa posibilidad. «La creación es acordada por el Pleno de la Cámara con el objeto que figura en la propuesta, y la propia comisión no tiene capacidad para modificarlo«, una posición en la línea de lo también manifestado por el letrado de la comisión en su nota.
En la reunión de la Mesa de mediados de marzo, Sara Sieira fue más allá y recordó el deber de la presidencia de la comisión de ordenar los trabajos para que siguieran el mandato del Pleno, que es quien autoriza la creación de la comisión de investigación. «En las comparecencias en la comisión se pueden producir intervenciones que vayan más allá del objeto de la comisión, pero deberá ser el Presidente (…) quien indique que están fuera del objeto de la misma», según consta en el acta.
No cabe el voto ponderado
Otro aspecto sobre el que el letrado ha advertido respecto de los planes de trabajo que proponían PP y PSOE es su propuesta de aplicar el procedimiento de voto ponderado en el seno de la comisión. Luis de la Peña recuerda que la Constitución Española (CE) «establece que el voto de senadores y diputados es personal e indelegable«, lo que impide, «con carácter general», «la utilización del voto ponderado». En el caso del Senado, su Reglamento solo lo contempla para la Comisión de Nombramientos (artículo 185.2) y para resolver desempates (artículo 100.4). Fuera de esos supuestos, «no existe fundamento jurídico suficiente para acudir» a la figura del voto pondera en comisión.
Plazos de «difícil cumplimiento»
Otra de las cuestiones señaladas del documento del Grupo Popular es el plazo de «diez días naturales inmediatamente posteriores a su reclamación» que desde la formación proponían para recibir la documentación requerida desde la comisión, unos tiempos que para el letrado en Cortes son de «difícil cumplimento», por lo que invita a «plantearse la ampliación, para facilitar el envío de tales documentos».
Duración imprecisa
Por último, en otra recomendación conjunta a las propuestas de PP y PSOE, la nota les invita a precisar la duración de la comisión. Los «doce meses» de los populares o los «cuatro meses» de los socialistas resultan algo vagos para el jurista, que echa en falta que se indique, por ejemplo, «si se trata de meses hábiles o no».
El PP sigue adelante con su plan de trabajo
Una vez conocida la nota del letrado y concluida la sesión de ayer de la comisión, los dos grupos mayoritarios comparecían ante la prensa para compartir sus impresiones. Por parte del PP, el portavoz en la comisión y senador por Valencia Luis Santamaría anunciaba la aprobación del plan de trabajo por parte de la Mesa. El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría y será su documento, con ligeras incorporaciones de otros partidos, el que marque el funcionamiento de la comisión.
Pese a las objeciones del letrado, Santamaría asegura que el objeto del plan es «suficientemente abierto» y que tiene cabida «todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación». De la misma forma se ha reafirmado en las 94 solicitudes de información y los 63 comparecientes aprobados, al menos en una primera fase: «podemos explicar uno a uno la razón por la que están en esa lista», que a su juicio «coinciden con el objeto de la comisión».
Preguntado por el contenido de la nota del integrante de los servicios jurídicos de la Cámara, el portavoz del PP ha agradecido sus «observaciones» al tiempo que no descarta «dado lo vivo que está el proceso y las informaciones que aparecen continuamente en los medios» volver a pasar por el Pleno para «ampliar los trabajos de la comisión». «Si fuera fuera necesario ir a un pleno, iríamos», aunque no lo cree necesario. «Estamos absolutamente convencidos de que las solicitudes de información y las comparecencias» acordadas «tienen que ver con el objeto que aprobó el Pleno del Senado».
Antes que el representante del Grupo Popular, atendía a los medios el portavoz del PSOE en la comisión de investigación y secretario general del grupo, Alfonso Gil. El senador por designación del Parlamento Vasco ha calificado de «disparate jurídico» la aprobación de un plan de trabajo «que no se ajusta al objeto aprobado en el Pleno«, al tiempo que anunciaba la «adopción de todas las medidas a su alcance».
KOLDO GARCÍA, EL PRIMERO EN COMPARECER La Mesa de la comisión de investigación acordó ayer comenzar con la fase de comparecencias en menos de dos semanas. Comenzará con el hombre que ha dado popularmente nombre a la investigación judicial conocida como Operación Delorme. El exasesor y hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, será el primero en sentarse en la silla de comparecientes. Estas son las personas que citarán en la semana previa al inicio de las elecciones al Parlamento de Cataluña: *22 de abril: Koldo García Izaguirre y Víctor Francos Díaz (jefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad). *24 abril: Salvador Illa Roca (exministro de Sanidad). *25 abril: Patricia Lacruz Gimeno (ex directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud) y Alfonso Jiménez Palacios (ex director general del Ingesa).
