Investigar «los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como otros posibles casosde corrupción, derivados de la trama investigada en la Operación Delorme». Para eso solicitó crear una comisión el Grupo Popular en el Senado , el pasado 5 de marzo, y así lo acordó el Pleno de la Cámara Alta una semana después, en su sesión del día 12 de marzo. A ese ámbito de actuación deben ceñirse tanto las peticiones de documentación como las solicitudes de comparecientes de los grupos, pues de lo contrario se estará produciendo una «alteración indebida del objeto de la investigación«.
Así lo advierte el letrado Luis de la Peña Rodríguez, adscrito a la comisión sobre el conocido como ‘caso Koldo’ constituida en el Senado la semana pasada, que recuerda que «las actuaciones han de ceñirse al mandato recibido del Pleno» de la Cámara, un mandato que a su juicio no respetan algunas de las actuaciones propuestas por populares y socialistas en sus planes de trabajo. La nota, de cinco páginas y a la que ha accedido Demócrata, se entregó ayer a la comisión de investigación, reunida para examinar los planes de trabajo registrados por los diferentes grupos y aprobar el plan definitivo por el que se regirá el funcionamiento del órgano.
El plan del PP, sin «ajustarse a las previsiones del acuerdo del Pleno»
En su propuesta de plan de trabajo, el Grupo Popular describía el objeto de la comisión en torno a tres ideas: determinar responsabilidades políticas derivadas de una «presunta organización criminal (…) vinculada con el Gobierno de Pedro Sánchez», «estudiar las presunta existencia de una red de tráfico de influencias que (…) estaría vinculadacon el entorno político y familiar más cercano del presidente del Gobierno» y, «en la medida en la que pueda existir relación con la trama», esclarecer los hechos ocurridos durante la estancia en el aeropuerto de Barajas de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez, en enero de 2020.
«Estamos absolutamente convencidos de que las solicitudes de información y las comparecencias tienen que ver con el objeto que aprobó el Pleno del Senado»
Luis Santamaría, portavoz del PP en la comisión
Los tres objetivos se desarrollan en tres párrafos del escrito de los populares, los mismos que el letrado de Cortes «propone suprimir» al considerar que «no parecen ajustarse a las previsiones» del acuerdo por el que el Pleno del Senado autorizó la creación de la comisión. En este punto, la nota del miembro de los servicios jurídicos de la Cámara recuerda la obligación legal que tienen los comparecientes de acudir —y las consecuencias penales de no hacerlo— si son citados, así como la importancia de preservar los derechos fundamentales de estas personas, razón por la que las actuaciones de la comisióndeben estar bien delimitadas y «adecuarse al mandato recibido por el Pleno».
Esa modificación recomendada por el letrado afectaría a la lista de comparecencias del plan del PP, compuesta por 58 nombres, así como a la «solicitud de documentación relacionada con la ampliación de la investigación», que también deberían adecuarse al objeto de la comisión.
El plan del PSOE, «mismo problema de alteración indebida»
En lo que al objeto de la comisión se refiere, la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista incidía durante cuatro páginas en la idea de extender el objeto a la aclaración de «los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas» durante la pandemia. Esa mención explícita a la necesidad de ampliar el ámbito es la que lleva a apreciar al letrado que el PSOE «incurre en el mismo problema de alteración indebida» ya señalado al PP.
La Letrada Mayor lo advirtió un mes antes
La disputa y confrontación en la Cámara Alta entre los dos partidos por el alcance de la comisión de investigación viene de atrás. Ya durante la fase previa, antes de su aprobación siquiera, la cuestión del objeto de los trabajos fue motivo de debate en la Mesa del Senado. En la reunión del órgano rector celebrada el 12 de marzo, el PSOE pidió ampliar el objeto de la comisión que previamente habían registrado los populares.
A ese respecto, la Letrada Mayor, Sara Sieira, presente en la sesión, señaló que no existía procedimiento alguno en el Reglamento por el que se pudiera modificar el objeto de una solicitud de creación de comisiones de investigación, «por lo que no parece que quepa su admisión a trámite«, como recoge el acta de la sesión consultada por este medio.
