El próximo jueves, 19 de octubre, a las 11:00 de la mañana. Ese es el momento elegido por el Partido Popular para citar a los presidentes de las Comunidades Autónomas en el Senado. La iniciativa, anunciada desde hace semanas por varios dirigentes del PP, entre ellos el vicepresidente primero de la Cámara Alta, Javier Maroto, se enmarca en la serie de acciones en ayuntamientos y diferentes asambleas legislativas emprendida por los populares en contra de una posible amnistía en Cataluña.
El formato elegido será un debate sobre «la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles, y de solidaridad entre las Comunidades Autónomas», como reza el texto registrado hace unos días por el Grupo Popular y calificado por la Mesa en una reunión extraordinaria el pasado dos de octubre. El foro será la Comisión General de las Comunidades Autónomas, cuya mesa se ha reunido esta mañana para fijar la fecha del encuentro.
La Comisión se reunirá a petición de 20 senadores del Grupo Popular, una iniciativa que fue calificada por la Mesa en una reunión extraordinaria.
El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para proseguir en su estrategia de contrapeso al Congreso de los Diputados. De ahí que la celebración de la primera sesión de este órgano se centre en un debate que que ya se ha trasladado a otras instituciones mediante mociones en plenos de ayuntamientos y en algunas Cámaras autonómicas, como la Junta General del Principado de Asturias o la Asamblea de Madrid.
El asunto también fue uno de los puntos del día del primer pleno ordinario en el Senado de esta legislatura, donde se aprobó una moción, de nuevo firmada por los populares, de «absoluta reprobación» a «una amnistía, expresa o velada, o de cualquier forma de indulto o beneficio judicial» en el marco de una negociación de investidura. La iniciativa salió adelante con los votos del PP, de los senadores de Vox y el de Unión del Pueblo Navarro, sin ningún disenso entre las filas socialistas.
Los presidentes no están obligados a acudir
En su petición de convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, el Grupo Popular apela al artículo 56 bis 3 del Reglamento de la Cámara, por el que se reúne dicho órgano siempre que así lo requieran la presidencia el mismo (la senadora del PP Luisa Fernanda Rudi en estos momentos), el presidente del Senado, el Gobierno, algún Ejecutivo autonómico o un tercio de los integrantes de la comisión. Esa última fórmula (a petición de 20 senadores) ha sido la elegida por el PP.
El Reglamento también prevé que todo senador designado por los parlamentos autonómicos, sea o no miembro de la comisión, pueda asistir e intervenir en cualquier sesión de la Comisión General de las CCAA, al igual que el Gobierno y los «Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas», bien a través de su presidente o por otro miembro designado para ello (artículo 56 bis 2). Esta notificación de la cita de la próxima semana que desde la Cámara Alta se hará a los diferentes gobiernos regionales es lo que ha servido al partido presidido por Alberto Núñez Feijóo para «invitar» a los presidentes autonómicos a debatir sobre la amnistía.
A diferencia de una comisión de investigación, la normativa del Senado no obliga en ningún momento a asistir ante una convocatoria desde la Comisión General de las CCAA. Por parte del PP, se da por segura la presencia de los 11 dirigentes de las comunidades presididas por el partido.
Negativa desde el PSOE
Desde las tres regiones gobernadas por integrantes del PSOE la cita de la próxima semana se habría recibido con poco entusiasmo. El asturiano Adrián Barbón, ya ha excusado su ausencia a través de un mensaje en redes sociales, «agradecido por la invitación (…) ese día estaré en Asturias, pues son los ‘Premios Princesa de Asturias'».
Por parte del gabinete de la presidenta de Navarra, María Chivite, la presencia de la socialista sería más que dudosa y quedaría supeditada a «la agenda y la cargo de trabajo de la presidenta, pero en principio no vamos a entrar en estrategias políticas», como ha respondido la portavoz de su Gobierno, Amparo López, en declaraciones a Diario de Navarra, mientras que se desconoce hasta el momento la postura de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha).
