Incrementar el número de inspecciones en la mina de Cerredo, ubicada en Degaña, Asturias, no habría sido suficiente para descubrir una actividad ilegal si los encargados de la explotación pretendían ocultarla, según ha declarado un experto.
Pablo Rodríguez, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España (Coimne) en la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias, expuso esta opinión durante su intervención en la comisión de la Junta General del Principado que investiga el desafortunado incidente ocurrido en marzo, donde perdieron la vida cinco mineros de León y otros cuatro resultaron lesionados. La empresa estaba extrayendo carbón sin la autorización correspondiente.
A pesar de que en 2021 ya se había registrado un accidente mortal bajo circunstancias similares, Rodríguez argumentó que no era sencillo detectar las malas prácticas: “¿Cuántas más inspecciones? ¿5, 10, 15…? El delincuente seguiría teniendo 200 días al año para delinquir”, mencionó al ser consultado sobre la frecuencia de las inspecciones a la firma.
Asimismo, señaló la complejidad de la explotación para detectar ciertas irregularidades si hay intención de esconderlas. “Los directores facultativos somos conscientes de a qué nos acogemos y qué riesgos cometemos si no cumplimos el Reglamento General de las Normas Básicas de Mineras y la Ley de Prevención de Riesgos. Creo que nuestra ética está ahí”, agregó Rodríguez, quien tiene un amplio conocimiento en el sector.
Finalmente, recordó que la Comisión de Seguridad Minera, a la que pertenece, actúa como un órgano consultivo en prevención de riesgos laborales para la Administración y no tiene carácter vinculante. Los actuales gestores de la mina, Blue Solving, comparten la misma raíz familiar que los de 2021, cuando también se extrajo carbón sin permiso, resultando en una multa que fue reducida a 12.000 euros por pronto pago.











