QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La intención del Gobierno es despachar el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de menores de edad en entornos digitales antes de final de año. Para ello, han pisado el acelerador y urgido a los grupos a trabajar sus enmiendas. Pretendían cerrar el plazo de enmiendas este miércoles 12 de noviembre, pero finalmente, han tenido que dilatarlo una semana más.
El objetivo del PSOE es constituir ponencia a la mayor celeridad posible y despachar la norma en dos o tres citas. Fuentes parlamentarias consideran que los grupos son conscientes de la importancia de regular la protección de menores en los entornos digitales para evitar potenciales riesgos; y el sector también, por lo que la voluntad de acuerdo es inequívoca.
El calendario se ha visto afectado por dos cuestiones. En primer lugar, los grupos han recibido una ingente cantidad de propuestas del sector, tanto de las patronales digitales como de asociaciones y organizaciones que abogan por la protección de los menores. De hecho, según ha podido saber Demócrata, hay partidos que aún se están reuniendo con entidades y empresas para ultimar sus enmiendas.
Por otra parte, el anuncio de Junts de ruptura con el Gobierno amenaza con condenar la norma. Los de Carles Puigdemont anticiparon el registro de enmiendas de totalidad a 25 leyes y que no respaldarán otras 21 en fase más avanzada. Solo se salvan cinco iniciativas y el Proyecto de Ley de Protección de menores en red no figura en la lista de agraciadas.
Para más inri, se trata de una ley orgánica, por lo que requerirá mayoría absoluta para su aprobación y, con el descuelgue de Junts del bloque de investidura, las cuentas no salen. La suma de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto José Luis Ábalos (que suele mantener la disciplina de voto), Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 172. Faltarían cuatro votos de difícil cosecha salvo equívoco de señorías de PP, Vox y UPN.
La batalla del sector
Aritmética parlamentaria al margen, el sector ya está librando su particular batalla. El consenso político es que exista una suerte de control parental en los dispositivos para que los menores no puedan acceder a según qué contenidos. La cuestión clave es sobre quién recae la responsabilidad y cómo aterrizarlo técnicamente. Según ha podido saber Demócrata, ni siquiera existe un criterio común entre las principales patronales digitales (AMETIC, DigitalES y Adigital). Incluso, hay diferentes sensibilidades dentro de una misma patronal.
Prueba de ello es que, en las enmiendas entregadas por AMETIC, que representa a las principales empresas de proveedores de servicios digitales, fabricantes y comercializadoras de dispositivos y equipos, a las que ha tenido acceso Demócrata, se apuesta por dos frentes de trabajo diferenciados.
Uno, opta por la supresión completa del artículo 4, es decir, de las obligaciones a fabricantes. Otro, por descafeinar cada uno de sus preceptos de forma individual.
Así las cosas, entre las cuestiones que piden rebajar, se encuentra que el pin parental no esté activado por defecto sino que se tenga que configurar al arrancar el dispositivo; que solo se aplique la normativa a los teléfonos móviles y no a tablets, ordenadores o televisores inteligentes; y que se elimine la obligatoriedad de información del etiquetado.
De su lado, la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, patronal que reúne a las empresas líderes en telecomunicaciones, tecnología e innovación digital, apuesta por que los desarrolladores de software, plataformas y redes sociales sean los que asuman la implementación de herramientas de verificación de edad, clasificación de contenidos y control de acceso.
Además, proponen medidas concretas como garantizar la correcta clasificación y etiquetado de los contenidos para adultos por parte de quienes los alojan en sus webs y plataformas (también de los intermediarios); impulsar el control parental; fomentar la supervisión activa por parte de padres, madres y tutores; que las páginas web que generen o gestionen estos contenidos incorporen sistemas efectivos de verificación de edad; y promover campañas de sensibilización y educación digital.
Todos los actores, políticos y sectoriales, coinciden en la imperiosa necesidad de proteger a la infancia de riesgos. Las preguntas a resolver son cuándo se hará -si es que prospera-, cómo y quién asume tamaña responsabilidad.
