QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los socios arroparon al Gobierno este jueves para superar la primera votación en el Congreso de uno de sus proyectos para la reforma del sistema de Justicia.
La Cámara rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto que contiene las reformas organizativas y procesales que quedaron pendientes tras el decreto-ley ómnibus de finales del año pasado, y que también incluye otra reforma sobre la defensa de los derechos consumidores en acciones de representación y acciones colectivas.
VOTACIÓN DE LA ENMIENDA DE TOTALIDAD DEL GRUPO POPULAR - Sí: 170 votos (PP, Vox y UPN). - No: 178 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y José Luis Ábalos). - No han votado: Ricardo Chamorro (Vox) y Gerardo Pisarello (Sumar).
Fue precisamente este punto el que centró la crítica del PP, por entender que rompe la tradicción jurídica española, en perjuicio de los consumidores.
Su intento de tumbar la propuesta fue rechazada con votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH-Bildu, Podemos, Coalición Canaria y BNG.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró que la propuesta va dirigida a facilitar más flexibilidad y agilidad al sistema de Justicia y comprometió ante los grupos respetar los acuerdos alcanzados la pasada legislatura.
Tutela judicial efectiva
La convocatoria anticipada de elecciones frustró las reformas de eficiencia procesal y organizativa. Parte de ellas, de la que pendía el desembolso de los fondos europeos del Plan de Recuperación, se aprobó vía decreto-ley a finales del año pasado y el resto va en este proyecto.
Ente sus medidas, Bolaños destaca la creación de tribunales de instancia en cada partido judicial, el impulso de oficinas de justicia en sustitución de los juzgados de paz o el impulso de los sistemas de resolución alternativa de litigios, como la mediación y el arbitraje. En materia de consumidores, celebró el procedimiento único para tramitar demandas colectivas.
María Jesús Moro, portavoz ‘popular’ de Justicia, criticó este último cambio por suponer, dijo, la privación a los consumidores de su derecho a la tutela judicial efectiva, puso en duda su constitucionalidad, y acusó al Gobierno de ponerse del lado de los fondos de litigación.
«Este sistema rompe con la tradición jurídica de protección de los consumidores y es un modelo favorable a un nuevo nicho de empleo, los fondos de inversión y licitación internacionales», espetó.
Moro apeló a las dudas expresadas por el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y el propio Ministerio de Economía sobre el alcance de estos cambios y emplazó al Ejecutivo a revertir esta reforma.
Juzgados de paz, línea roja para ERC y Junts
Verónica Martínez Barbero, diputada de Sumar, defendió el cambio y destacó frente a las críticas del PP los beneficios de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, como el generalizado en España en materia laboral en el desahogo de los juzgados y la consecución de acuerdos entre empresas y trabajadores.
Tanto ERC como Junts avisaron al Gobierno de que su voto durante la tramitación pendería del futuro de los juzgados de paz, que el proyecto llama a superar con las nuevas oficinas de justicia.
Josep María Cervera (Junts) incidió en la necesidad de conservar las competencias autonómicas en materia de justicia de proximidad, mientras que Pilar Vallugera (ERC) exigió a Bolaños su continuidad: «no aceptaremos de ninguna manera un texto que los vacíe de contenido o los haga desaparecer».
