QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pasado martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rubricaron un acuerdo para formar un nuevo Gobierno de coalición. El contrato asumido por PSOE y Sumar contiene más de 230 medidas, incluyendo 39 leyes y nueve desarrollos legislativos. Sánchez y Díaz presentaron el documento como una suerte de hoja de ruta para profundizar en los mimbres ya asentados durante la XIV Legislatura. De hecho, anticiparon que rescatarán una quincena de iniciativas legislativas que decayeron por la disolución anticipada de las Cortes Generales con motivo del adelanto electoral. No obstante, algunas no decayeron por falta de tiempo, sino por el bloqueo propiciado por falta de entendimiento, por lo que habrán de pulir no pocos detalles en las conversaciones.
Ley de Familias
El Proyecto de ley de Familias fue impulsado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Era su joya de la corona, pero la Mesa del Congreso amplió varias veces el plazo de enmiendas por falta de acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya y el adelanto electoral dio al traste con la iniciativa.
Dos eran los puntos conflictivos que impidieron el concierto: la invasión competencial y disponer de una financiación suficiente. Según fuentes socialistas, moradas y republicanas consultadas por Demócrata, las partes alcanzaron un acuerdo en lo que al respeto a las competencias se refiere, pero no se salvó el fleco de la financiación.
PSOE, Unidas Podemos y ERC no salvaron el fleco de la financiación de la ley de Familias. El Gobierno rescató los permisos aprovechando la prórroga del escudo social.
Con todo, el Gobierno aprovechó en junio la prórroga del denominado escudo social contra la crisis de precios para rescatar permisos de la fallida ley de Familias. Se ampliaron a ocho semanas los permisos de cuidado de menor, pero con la posibilidad de disfrutarlas de forma continua o discontinua, y a tiempo completo o parcial, hasta que cumpla ocho años. También se reconocieron permisos retribuidos a trabajadores por motivos familiares urgentes y para el cuidado de familiares o convivientes.
Ley de equidad sanitaria
La ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud también figura en el nuevo acuerdo de Gobierno. Era una de las grandes enquistadas. El Proyecto de ley recibió el nombre de ley Darias, que fue la ministra que la impulsó. La iniciativa se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 24 de junio de 2022 y, tras más de una treintena de ampliaciones de plazo de enmiendas por parte de la Mesa, no había atisbo alguno de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.
José Manuel Miñones sustituyó a Carolina Darias al frente del Ministerio de Sanidad en marzo de 2023 y se comprometió a desbloquearla, pero no estuvo ni cerca de lograrlo. El desacuerdo pivotaba en torno a las externalizaciones sanitarias. Los morados eran proclives a derogar la ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (rubricada por José María Aznar) para prohibir las externalizaciones; pero el PSOE insistía en permitirlas en algunos casos.
Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana
El caso de la reforma de la conocida como ley ‘Mordaza’ es especial. Si bien es cierto que fue rechazada en la comisión de Interior por la oposición al dictamen de ERC y EH Bildu, el desenlace de las negociaciones abrieron un cisma entre socialistas y morados, e incluso, entre las familias que componían Unidas Podemos.
Los puntos de fricción eran cuatro: las faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia, el uso de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Los dos primeros se limaron, pero no halló acuerdo para los otros dos y la Proposición de ley del PNV no recibió luz verde. Los comunes e Izquierda Unidas se posicionaron del lado del PSOE al descargar la responsabilidad del fracaso sobre la izquierda abertzale y el grupo republicano. Sin embargo, el núcleo duro de Podemos se alzó contra el PSOE. De hecho, Enrique Santiago (IU), entonces diputado de Unidas Podemos (ahora de Sumar) encargado de la comisión de Interior rebatió a Pablo Iglesias en un duelo disputado en público en redes sociales.
Así las cosas, si PSOE y Sumar pretenden cumplir con el compromiso de reformar Mordaza, primero habrán de suscribir un acuerdo entre ellos y, luego, con sus socios.
Ley de bebés robados
PSOE y Sumar han asumido como propio el compromiso, pero la iniciativa no surgió en el seno del Ejecutivo. Provino de la sociedad civil, en concreto, la iniciativa fue registrada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua), en septiembre de 2018. Fue admitida a trámite entonces, pero decayó por la convocatoria de elecciones generales. En febrero del 2020, regresó al Congreso y en junio el Pleno aprobó su toma en consideración con una amplia mayoría -contó con el apoyo de todos los grupos excepto Vox-.
En febrero de este año, PSOE y Unidas Podemos acordaron su desbloqueo y registraron sus respectivas enmiendas. En total, 42, una veintena de los socialistas y 22 de los morados. Buena parte de ellas son mejoras técnicas para pulir el texto, pero entre los escollos a salvar se encuentran la creación o no de una Fiscalía Especial, bases de datos, un Archivo Nacional de Víctimas de la Desaparición Forzada de Menores, filiación…
El acuerdo de coalición recoge lo siguiente: “Impulsaremos una ley de “bebés robados” que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral”. De ello, se desprende que la base del articulado podría no ser la ILP, sino un Proyecto nuevo.
PSOE y Unidas Podemos desbloquearon la ‘ley de bebés robados’, proveniente de una ILP, por lo que no decayó. Registraron un total de 42 enmiendas entre los dos.
Bonus track: Estatuto del Becario y Salud mental
Sánchez y Díaz se han comprometido a aprobar el Estatuto del Becario, una de las asignaturas pendientes de la pasada legislatura. El acuerdo fue suscrito por la ministra de Trabajo y los sindicados, CCOO y UGT. La intención de Díaz era aprobarlo como decreto-ley y poder convalidarlo en una eventual Diputación Permanente. Sin embargo, nunca completó ese camino. “Economía lo está bloqueando”, acusaron desde el Ministerio de Trabajo. Por su parte, fuentes de Moncloa admitieron que “el texto estaba muy verde”, un argumento que no fue bien recibido por los sindicatos: “Dicen que ‘está verde’ un texto que se lleva negociando 14 meses”.
Trabajo suscribió un acuerdo con los sindicatos para aprobar el Estatuto del Becario, pero acusaron a Economía de «bloquearlo». La parte socialista del Gobierno consideraba que estaba «verde».
PSOE y Sumar también tienen ante sí una ardua negociación con respecto a la salud mental. El acuerdo no anticipa una ley ex profeso, pero recoge que se engrasará la cartera de servicios y prestaciones junto a la salud bucodental y la visual. En concreto, garantizan el derecho a una salud mental universal, pública y de calidad. En el marco de un Pacto de Estado por la Salud Mental, harán especial hincapié en las personas jóvenes, reforzando la ratio de especialistas en salud mental y un articulando un plan de medidas específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil.
La Proposición de ley General de Salud Mental presentada por Unidas Podemos en septiembre de 2021 fue la única ley sobre el tema que llegó a la Cámara Baja y su aprobación no se contempló en ningún momento. La iniciativa sufrió más de medio centenar de ampliaciones de plazo de enmiendas ya que los socialistas no apoyaban la propuesta morada. La PL establecía una ratio mínima de profesionales, en concreto, 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeros o enfermeras especialistas por cada 100.000 habitantes. Asimismo, instaba a establecer unos tiempos máximos para la atención de la salud mental y una investigación pública sobre el suicidio.
A continuación, el listado del resto de leyes que se han comprometido rescatar y que no se aprobaron no por discrepancias, sino por tiempos: Ley de Defensa del Cliente Financiero. Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Ley básica para el Estatuto de los Bomberos. Ley básica de Agentes Forestales. Ley de Desperdicio alimentario. Ley de apoyo al Mecenazgo. Ley de Función Pública de la AGE. Ley del Cine. Ley de Enseñanzas Artísticas. Ley de Representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de Decisión.
